Hoy se cumplen siete años de uno de los hechos más violentos de la historia boliviana, en los que murieron 13 personas y otras 30 resultaron heridas en Porvenir, Pando. El juicio por este caso está en su recta final, con cuatro de los siete acusadores. El principal acusado en este proceso penal abierto por los delitos de terrorismo, asesinato, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves es Leopoldo Fernández, quien era prefecto de Pando cuando se registraron los hechos violentos, con el uso de armas de fuego, aquel 11 de septiembre de 2008.
Actualmente el juicio oral se encuentra en la fase de prueba extraordinaria y resta solo la etapa de alegatos para que el Tribunal 6º de Sentencia de La Paz emita su fallo. De los siete acusadores que sustentaban el litigio, tres se separaron —Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero viuda de Racua (fallecido en Porvenir) y Carlín Haensel Inuma, representante de las víctimas de este caso.
Aún se mantienen en calidad de acusadores los familiares de los estudiantes normalistas fallecidos Wilson Castillo Quispe, Adolfo Cruz Quispe y Jhony Cari Sarsuri. A ellos se suma la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), institución que en julio presentó su desistimiento, a través de dos apoderados, pero que la anuló en agosto, con lo que permaneció en el juicio.
La parte acusada aún mantiene su posición, en sentido de que este juicio es político y que sirvió para sacar de la Prefectura de Pando a Fernández, llamado el “cacique”, por el poder político que tenía en esa región. No obstante, la parte acusadora, a través de la abogada Mary Carrasco, sostiene que esa denuncia nunca fue comprobada.
Karlo Brito, abogado de Fernández, también aseguró que los acusadores todavía no comprobaron su acusación, en sentido de que Fernández fue el responsable de los hechos violentos de Porvenir. Empero, según Carrasco, la acción judicial surge a raíz de la violación de los derechos humanos especialmente de campesinos.
Según la defensa, Fernández intentó evitar el conflicto con los campesinos que marchaban para reunirse y planificar la defensa de la propiedad de sus tierras, ante el anuncio de una norma que facultaba a la Prefectura de Pando a revertirla. Con ese objetivo, primero ordenó hacer una zanja en Cachuelita para impedir el paso de los manifestantes, pero fue ahí donde —afirma— los campesinos atacaron con armas de fuego a funcionarios prefecturales. Segundo, tras conocer este hecho, se reunió con jefes militares y policiales, además de la Iglesia Católica, para pedirles que intervengan ante el uso de armas de fuego, pero éstos le dijeron que esperarían órdenes superiores.
Al respecto, Carrasco resaltó que Fernández conocía al comandante general de la Policía local. “No pasaba nada si él no lo conocía”. Agregó que él utilizó a funcionarios prefecturales para impedir el derecho al libre tránsito. Dentro de este proceso, el acusado Roberto Rea Ruiz se acogió a un proceso abreviado y admitió su culpabilidad. Además de él, con el mismo procedimiento, fueron condenados Homer Polanco y William Terrazas por el caso Porvenir II, abierto en contra de actores del enfrentamiento que fueron identificados a lo largo de la investigación.
Pero estas condenas fueron interpretadas de diferente forma por las partes del juicio. Mientras la Fiscalía sostuvo que con los fallos se confirma la “existencia de hechos”, Brito indicó que los sentenciados en ningún momento involucraron a Fernández.
Los violentos hechos que dejaron 13 muertos
Campesinos de Pando decidieron reunirse en Filadelfia para defender la propiedad de sus tierras, ante un informe en sentido de que la Prefectura de Pando aprobaría una norma para revertir sus terrenos. Columnas de Tres Barracas y Cachuelita avanzaban, pero se sorprendieron con zanjas en el camino. Tras superarlas y llegar a Porvenir, se desató un enfrentamiento con cívicos, pobladores, funcionarios prefecturales y normalistas, tras conocerse la muerte del Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes, empleados de la Prefectura de Pando.
Producto de este enfrentamiento armado, 13 personas fallecieron y otras 30 resultaron heridas. Todas las víctimas fueron alcanzadas por proyectiles de armas de fuego. El 16 de septiembre, Fernández fue detenido para ser sometido a un proceso penal, junto a 26 personas, por la acción violenta.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus respectivos informes, calificaron a esta acción violenta de “masacre” en contra de los campesinos. Además recomendaron pesquisas imparciales.
En el juicio penal instalado en el Tribunal 6º de Sentencia de La Paz se emitió sentencia condenatoria en contra de tres acusados: Roberto Rea Ruiz, Homer Polanco y William Terrazas.
Actualmente son procesados Leopoldo Fernández, Germán Justiniano, Eddy Ventura y Marcelo Mejía. El primero tiene detención domiciliaria, mientras que los otros tres están en el penal de San Pedro de La Paz. El resto de los acusados fue declarado en rebeldía, debido a que huyeron a territorio brasileño. El juicio se encuentra en la etapa de prueba extraordinaria y solo le resta alegatos para que se dicte una sentencia.
Karlo Brito: ‘No existe prueba que involucre a Fernández’
“No sé si el Tribunal de Sentencia se animará a dictar una sentencia condenatoria porque no existe prueba alguna, ni siquiera una sola, que involucre a Leopoldo Fernández en estos hechos violentos. Si realmente aplicarían el Derecho y se basarían en el tema técnico jurídico, debían dictar una sentencia absolutoria (en favor de mi defendido)”.
Mary Carrasco: ‘No demostró que es un juicio político’
“Ese discurso de que es un tema político jamás lo ha podido probar Leopoldo Fernández . Estamos ante un hecho gravísimo de violación de los derechos de las personas. Desde cuándo es un hecho político ordenar hacer zanjas o atentar contra la vida. Si matar es un hecho político, para qué está el Código Penal, no debería estar en esta norma el asesinato, homicidio o terrorismo”.
