Al evaluar los siete años de juicio a raíz de los hechos violentos en Porvenir que dejaron 13 muertos y 30 heridos, el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, sostuvo que las víctimas se dieron cuenta de que fueron utilizadas por el Gobierno y que por eso desistieron de su acusación.
En julio, Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero viuda de Racua (fallecido en Porvenir) y Carlín Haensel Inuma, que era representante de las víctimas del 11 de septiembre y exdiputada del MAS, desistieron y dejaron de acusar a Fernández y a otros tres procesados por las acciones de violencia del 11 de septiembre de 2008.
“El transcurso del tiempo ha permitido que las víctimas de estos hechos se den cuenta de que fueron utilizadas y engañadas por el Gobierno, y han decidido de manera absolutamente voluntaria retirar la acusación en mi contra y de los otros acusados”, manifestó Fernández.
Sin embargo, la abogada de la parte acusadora, Mary Carrasco, restó crédito a la situación de dos de las tres personas que desistieron de su acusación en el caso Porvenir. Sin precisar identidades, dijo que una de ellas no fue víctima y que la otra ha sido testigo de los hechos, de tal forma que si retira la denuncia, se llega a convertir en un falso testimonio.
Fernández, además, reiteró que este caso fue político y que fue planificado desde el Gobierno. Este diario intentó comunicarse con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para obtener una respuesta del Ejecutivo, pero no fue posible.
El exprefecto de Pando, que cumple detención domiciliaria en la ciudad de La Paz, señaló que el objetivo político del Gobierno se concretó, debido a que dejó de ser prefecto de Pando y que desde esa fecha permaneció privado de libertad en los penales de San pedro y Chonchocoro, y ahora está arrestado en su casa.
Prueba. “Durante todo este tiempo no se ha demostrado en absoluto mi participación en los hechos de Porvenir, más por el contrario, se ha demostrado que mi persona ha agotado todos los recursos a mi alcance para evitar el enfrentamiento (que provocó las muertes)”, dijo.
Reiteró que cuando se enteró de la presencia de campesinos armados, solicitó a las autoridades policiales y militares actuar para evitar enfrentamientos.
“La parte acusadora ha dicho muchas cosas y tiene la obligación de probar, lo que hasta ahora no ha hecho, ya que más bien como prefecto del departamento traté de evitar cualquier enfrentamiento”, acotó. En 2009, informes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de las Naciones Unidas calificaron de “masacre” las acciones violentas registradas en Porvenir.
