El Ministerio Público de La Paz investiga en reserva, desde hace cuatro meses, la quiebra de la Empresa Constructora del Ejército (ECE) para hallar a los responsables de la mala administración económica.
A principios de este mes, el Gobierno decretó el cierre de la repartición castrense, tras su quiebra y las demandas que enfrenta de sus acreedores por incumplimiento de sus contratos. También se ordenó la expropiación de 15 predios, como pago por el daño del Ejército boliviano.
Según una fuente vinculada a la investigación, el caso fue declarado en reserva, o sea, que los avances de la investigación no pueden ser públicos. No obstante, aseguró que la pesquisa se ampliará a 120 días, además de indagar a más exfuncionarios de esa firma.
Agregó que hasta la fecha se investiga a tres extrabajadores de la constructora y que en los próximos días deben ir a la Fiscalía a declarar. El 9 de septiembre, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció que el Gobierno iniciará querellas penales en contra de 17 responsables, entre civiles y militares, por la quiebra de la ECE.
Aseguró que la medida es una sanción inmediata en contra de los responsables de la “catástrofe económica”. Ferreira anunció que la Contraloría General llevará a cabo una auditoria para sancionar a quienes causan mala imagen de las Fuerzas Armadas (FFAA).
