Ante el informe de una supuesta investigación de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos al entorno del presidente Evo Morales por narcotráfico, desde la embajada estadounidense en Bolivia se aclaró que la DEA dejó de trabajar en el país desde 2009. La noticia fue difundida ayer por la agencia EFE, desde Washington, en sentido de que la revelación fue hecha por Carlos Toro, informante de la DEA entre 1986 y 2015, que sigue un juicio a esa institución por un pago de $us 5 millones.
Entre los investigados, según la denuncia, está el piloto del avión presidencial Wálter Álvarez y dos personas muy cercanas al vicepresidente Álvaro García: su padre, Raúl García (fallecido), y su “amigo” Faustino Giménez, argentino que trabaja para el Gobierno.
El consejero para Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Chase Beamer, aclaró —a través de declaraciones enviadas a La Razón— que no se puede anticipar ningún criterio sobre un proceso judicial debido a las regulaciones procedimentales de la justicia en su país.
“Deseamos recordar que la DEA no trabaja en Bolivia desde 2009 y desde entonces no realiza ninguna actividad en el país (Bolivia)”, dijo el funcionario, quien añadió que la agencia estadounidense trabaja en países vecinos de Bolivia e intercambia regularmente datos entre instituciones policiales.
En 2008, la administración de Morales expulsó a la DEA con el argumento de que esa oficina se extralimitó en sus atribuciones al hacer un trabajo de investigación y persecución a políticos cercanos al actual Presidente. Respecto a las supuestas investigaciones, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, minimizó el hecho y dijo que no hay un informe oficial. Manifestó que solo es la denuncia de una persona que dice que prestó algunos servicios de investigación a la DEA y que ahora reclama un pago.
“No se lo toma como una información oficial ni nada porque no se puede tomar en serio a algo que tiene la versión de una persona. Otra cosa sería que la DEA, como tal, se pronuncie oficialmente en el caso de esta investigación cerrada que da cuenta de estos elementos”, declaró Romero en conversación con La Razón.
Más tarde, en un comunicado difundido por la agencia ABI, el Ministerio de Gobierno consideró que la DEA utilizó a Toro —citado como colombiano miembro del cártel de Medellín— para forzar una acusación contra el Gobierno boliviano. “Este ‘proveedor de información’ demandó a la DEA por un resarcimiento de $us 5 millones por supuestamente haber colaborado con esa agencia durante 29 años, según la demanda No 15-989C, con fecha 8 de septiembre de 2015, ante la Corte Federal del Estado de Virginia en Estados Unidos”, detalla el documento.
Toro interpuso la demanda en reclamo de un reconocimiento en el papel que cumplió en diferentes investigaciones, como la que su abogado llama “el caso Bolivia”. La lista de supuestos indagados se completa con Yidua Katty Orosco Torres, también conocida como Katty Alcoreza, una antigua policía nacional que ahora, como agente de los servicios de inteligencia y espionaje, dice, se dedica supuestamente a proteger a Morales y a un fiscal.
