Fueron denunciados ante la Fiscalía 12 jefes policiales, seis de ellos directores departamentales, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en la presentación de la declaración jurada de bienes. Este es el resultado de la investigación de 35 funcionarios policiales de alta graduación, informó la ministra de El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
“Llama la atención que de estos 12 casos, seis correspondan a directores departamentales, en algunos casos a comandantes regionales de la Policía Boliviana y los otros seis a jefes de unidad, jefes de departamento, jefes nacionales y departamentales, y en algún caso a algún subdirector”, detalló la autoridad en una conferencia de prensa.
El Gobierno aprobó en septiembre el Decreto Supremo 2528 que establece que a partir de enero de 2016 los oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA), así como generales, jefes y oficiales de la Policía presten anualmente y no cada cinco años, para ascender de grado, su declaración jurada de bienes y de rentas ante la Contraloría General.
“No vamos a permitir que pase lo que ocurre ahora, tener sorpresas como encontrar incrementos en rentas de policías de un grado superior”, indicó la Ministra.
Según la norma, Suboficiales, Sargentos y empleados civiles de las FFAA y Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías de la Policía Boliviana, rendirán su declaración jurada a partir del 1 de enero de 2017 por razones de modernización tecnológica.
En enero pasado, la exministra de Transparencia Nardi Suxo remitió al Ministerio Público 50 declaraciones juradas irregulares en las que estaban implicados 12 policías, además de 20 fiscales y 18 jueces anticorrupción.
Suxo explicó que se trató de una verificación de 105 declaraciones de funcionarios públicos, entre ellos 35 casos del Ministerio Público, 35 del Órgano Judicial y 35 de la Policía Boliviana, entre generales, coroneles y teniente-coroneles.
La exministra citó como ejemplo el caso de un coronel de la Policía Boliviana que ingresó a trabajar en 2002, en la ciudad de La Paz, con un salario de Bs 1.811 y que declaró un patrimonio de más de Bs 427.000; después de diez años sus bienes ascendieron a más de un millón de bolivianos pese a tener un salario de Bs 2.800.
