El jurista Frank Campero, abogado del coronel (p) Roberto Meleán, fue convocado por la Fiscalía General del Estado, en Sucre, para que declare mañana como parte de la investigación de las desapariciones forzadas durante la dictadura a principios de los 80.
“Recibimos gratamente esta citación porque vamos a establecer de manera legal los hechos que han denunciado tanto mis clientes, el general Luis García Meza y Roberto Meleán Rendón, por esa misma situación”, según adelantó Campero en la ciudad de La Paz.
La citación que recibió Campero fue a convocatoria de Iván Montellano, fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, quien dirige la investigación para esclarecer la muerte e identificar el lugar donde fueron depositados los restos del exlíder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, fallecido en julio de 1980.
“En este tema, yo creo que va a ser más sobre el golpe (de Estado) del 17 de julio (de 1980), el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el caso del (padre) Luis Espinal Camps, sobre los documentos reservados y algunas informaciones que ellos quieran y nosotros podamos proporcionar”, explicó el abogado.
Meleán, que cumple su condena en el penal de Chonchocoro por delitos cometidos durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), reveló la pasada semana que seis militares están implicados en el asesinato de Espinal, asesinado el 21 de marzo de 1980 por un grupo de paramilitares que lo secuestró en la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Su cuerpo sin vida fue encontrado en el camino hacia el nevado Chacaltaya, más arriba de la zona Plan Autopista.
En su declaración, hecha ante periodistas hace una semana, Meleán afirmó que los coroneles Jaime N. de G. y Freddy Q. fueron los autores intelectuales de la muerte de Espinal, e indicó que los autores materiales del asesinato fueron los coroneles Carlos U. B., Javier H. V. (Lince); Payo H. L. y su hermano.
“(Espinal) iba a denunciar el negociado que hacían con los aviones Hércules C-130, estas naves debían ser alquiladas e iban a ir a diferentes países. Ante la gravedad de esa denuncia que había en la Fuerza Aérea Boliviana, el entonces comandante, coronel Jaime N. de G. tomó la medida para mandarlo a matar”, dijo Meleán.
