El Ministerio Público de Bolivia tiene un 80% de avance en los alegatos que presentará en Estados Unidos, si es que las autoridades diplomáticas y judiciales de ese país acceden al pedido boliviano de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos de sus exministros.
Bolivia, en julio de 2014, presentó un segundo exhorto suplicatorio a la Justicia estadounidense, a través del Departamento de Estado, para la extradición de Sánchez de Lozada y de los exministros Carlos Sánchez y Jorge Berindoague, para que respondan por los hechos de violencia y los muertos de octubre de 2003.
El fiscal superior Juan Manuel Gutiérrez explicó a La Razón que el proceso, desde el punto de vista jurídico, es esperado porque se debe considerar que la demanda debe pasar por un filtro político.
Filtro. En su criterio, el pedido boliviano aún no pasó ese filtro político y el proceso aún está trancado, hecho que es atribuible a la actual relación diplomática entre los gobiernos. Sin embargo, el Ministerio Público, junto a los abogados contratados en Estados Unidos, continúa su trabajo. En septiembre, Washington pidió a La Paz información complementaria sobre la participación individualizada de las tres exautoridades que estuvieron durante los hechos de septiembre y octubre de 2003.
Gutiérrez indicó que, a partir de esa nueva solicitud, se trabajó con los abogados estadounidenses un alegato lo suficientemente contundente, pero, además, individualizado, ya que la situación de cada uno de los acusados es distinta, desde el punto de vista de su responsabilidad durante los sucesos de la “guerra del gas”.
El fiscal asignado al caso afirmó que se cumplió con ese pedido en el caso de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, y actualmente se trabaja en la participación de Jorge Berindoague; calculó que hasta fin de mes se completará el informe para presentarlo inmediatamente al Departamento de Estado, a través de la Cancillería.
Entonces, explicó que una vez que se pase ese filtro político, se accederá a tener una audiencia propiamente del pedido de extradición, que estará en manos de los denominados jueces de circuito, en los lugares de residencia de los tres acusados.
Paralelamente, el Ministerio Público continúa con sus gestiones y trámites diplomáticos con Perú y España, países donde radican otros exministros de Sánchez de Lozada que también fueron autoridades y tuvieron participación en los hechos de octubre.
En el caso de Perú, se trata de los exministros Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Torres Goitia, quienes actualmente gozan de refugio y asilo político en ese país. En el caso de Hugo Carvajal Donoso, radicado en España, tiene una “protección subsidiaria”. Por ello, señaló que todavía están en análisis los mejores canales diplomáticos y trabajos jurídicos que logren traer a esas exautoridades a Bolivia, a fin de que respondan por su participación en los hechos de octubre de 2003.
