Al evaluar la gestión gubernamental, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, demandó a la Fiscalía celeridad en las investigaciones de los casos Fondo Indígena y Barcazas, para que los responsables de los mismos, ligados a actos de corrupción, sean castigados.
La autoridad gubernamental admitió que estos casos, denunciados entre 2013 y 2015 y que son investigados por el Ministerio Público, afectan la imagen del Gobierno.
“Claro que nos duele e indigna. Mientras unos trabajan, hay otros sinvergüenzas, caraduras y ladronzuelos que se roban el dinero del país. Ahí está el Fondo Indígena, las barcazas y otros casos. Solo pedirle al Ministerio Público que acelere estos procesos para cerrarlos y sancionar a los culpables. No podemos quedarnos contemplando estos hechos”, sostuvo en una declaración a radio Panamericana.
Sombras. “Uno no tiene que ser miope, tiene que tener la suficiente claridad como para reconocer que hay hechos que echan sombras sobre la gestión del Gobierno: la corrupción en el Fondo Indígena nos golpea y lacera el espíritu”, agregó la autoridad.
El caso del Fondo Indígena se refiere al uso de dinero de esa repartición gubernamental en proyectos de desarrollo rural que no fueron concluidos o son inexistentes. La Contraloría detectó un desfalco de Bs 71 millones por irregularidades en 153 obras.
Una intervención posterior al Fondo de Desarrollo Campesino estableció que había 30 obras “fantasma” o inexistentes que causaron un daño de Bs 14,5 millones al Estado, dinero que fue depositado incluso en cuentas personales de dirigentes de diferentes organizaciones sociales campesinas e indígenas del país.
A raíz de los procesos penales iniciados por irregularidades en los proyectos, hay siete detenidos, entre exdirectivos del Fondo Indígena y dirigentes locales, y 205 procesados. En el caso denominado Barcazas, el daño al Estado superó los $us 30 millones por la compra fallida de 16 embarcaciones y dos empujadores de China para el servicio de transporte en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Por el proceso penal instaurado en contra de las autoridades de la Empresa Naviera de Bolivia (Enabol) están detenidas cuatro personas. El proceso aún continúa, ya que incluso hay extranjeros acusados de cometer delitos durante el trámite de compra de las 18 embarcaciones.
Cuando se refirió a ambos casos, Quintana afirmó que hay una “tremenda contradicción”, debido a que mientras el presidente Evo Morales y otras autoridades del Órgano Ejecutivo trabajan para “transformar las condiciones de los ciudadanos”, otros funcionarios roban el dinero del Estado y de todos los bolivianos de una manera inescrupulosa e indecorosa.
Ya en abril, Morales pidió que se castigue, “caiga quien caiga”, a los responsables de los malos manejos económicos del Fondo Indígena, entre ellos dirigentes sindicales que exageraron en la administración de recursos. Quintana advirtió que no serán contemplativos ni tolerantes con los autores de los desfalcos. Por eso reiteró su pedido de que se condene a quienes cometieron delitos.
Denuncia de los casos
2013
A inicios de 2013, el Gobierno empezó la pesquisa del caso Barcazas por la compra irregular de 18 embarcaciones.
2015
En febrero, la Contraloría halló un desfalco en el Fondo Indígena.
