La exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y su colega suspendido Gualberto Cusi participaron hoy de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusaron al Estado de no garantizar la independencia judicial. Desde el frente, el Procurador, Héctor Arce, respondió que hay problemas en la Justicia y que algunos de sus miembros hacen uso político del cargo.
James Cavallaro presidió la audiencia en la que Velásquez y Cusi, como peticionarios, denunciaron, a su turno, la injerencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales y lo que consideraron un contrasentido que la Asamblea Legislativa Plurinacional, un poder político, juzgue a los magistrados como sucedido en sus casos.
Arce habló en defensa del Estado y reconoció la existencia de debilidades en la Justicia pese a haberse dado paso a la elección de autoridades judiciales con el voto, como el caso de los dos peticionarios. “Lamentablemente en nuestro país varias de las autoridades elegidas no han cumplido a cabalidad esa función, han asumido como representantes políticos”, afirmó.
Las magistradas Velásquez, Cusi y Soraida Chánez fueron procesados en un juicio de responsabilidades por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias por la suspensión de la vigencia de La ley del Notariado. Cusi aún no fue sancionado, ya que el juicio en su contra fue suspendido por su estado de salud.
Velásquez también mencionó que en el curso del proceso fue modificada la ley de Juicio de Responsabilidades, que quitó al Legislativo el poder de sanción penal y le atribuyó solo sanciones en materia disciplinaria. Abrió la posibilidad de renuncia de los procesados, caso en el que se anularía el proceso, aunque se envía el caso a la jurisdicción penal.
Cusi, vestido con su tradicional poncho y sombrero, denunció que el Gobierno ejercer injerencia en los operadores de justicia cuando se tramitan casos de su interés. “Antes de las audiencias visitan, hacen llamar a los jueces para que en asuntos relacionados al intereses político emitan resoluciones a favor de ellos”, aseguró.
Arce informó que el Gobierno encamina un proceso de transformación de la Justicia con participación de diferentes actores y aseguró que los magistrados procesados incurrieron en una serie de irregularidades en el ejercicio de sus funciones al suspender la vigencia de una ley con consecuencia no solo para el Estado sino para la población.
“Nadie está por encima de la ley en Bolivia”, afirmó el Procurador e incluso hizo alusión a la revelación de Cusi de que consultaba la coca para emitir un fallo para explicar que en Bolivia requieren de autoridades avocadas a garantizar seguridad jurídica en función de la normativa legal vigente y el razonamiento jurídico.
“Hay algunas personas que pretenden hacer un uso político de la función que han obtenido y eso por supuesto le hace mal a la administración de justicia”, afirmó.
Cusi también denunció en la audiencia la revelación que hiciera en 2014 el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, de la enfermedad incurable que padece. Arce explicó que Calvimontes ya no es más ministro de Estado.
