De 2009 a la fecha se registraron 453 denuncias contra funcionarios públicos por delitos de corrupción. De esta cantidad, 127 casos tienen sentencia, informó ayer la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Jessica Saravia.
Los casos están tipificados dentro de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, que promueve la lucha contra la corrupción. En casi siete años, el mayor número de denuncias se realizó en La Paz y Santa Cruz pero también hay incidencia en el resto del país, detalló la autoridad de Gobierno.
Saravia ponderó la participación de esta cartera de Estado para lograr a la fecha 127 sentencias relativas a estos delitos. El Ministerio de Transparencia coadyuvó en los procesos contra varios exjueces, exprefectos y exalcaldes, exfuncionarios del Gobierno y legisladores, entre otros. Según la página institucional de esta repartición, este año se lograron 21 sentencias.
Sobre el presunto enriquecimiento ilícito denunciado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en contra del actual viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Óscar Sandy, la viceministra Saravia confirmó que existe la denuncia y aseguró que el ministerio actuará como parte coadyuvante “para que se pueda esclarecer (el caso)”.
Registro. En esa línea, la viceministra también informó que durante esta gestión se remitieron al Ministerio Público para su investigación 49 casos de denuncias contra policías, de los cuales 12 están en proceso. Saravia agregó que entre los denunciados existen cuatro excomandantes policiales que son investigados en La Paz.
“En estos 12 casos se han prestado declaraciones en la Fiscalía General en Sucre. Sin embargo, estamos esperando que los fiscales puedan pronunciarse conforme a los delitos. En realidad se ha remitido por presunto enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones juradas y omisiones de las declaraciones juradas”, afirmó.
La Viceministra de Lucha Contra la Corrupción recordó que ahora los efectivos policiales realizan su declaración jurada de bienes cada año, a diferencia de gestiones anteriores que lo hacían al lograr su ascenso de grado.
Respecto a investigaciones a uniformados, Saravia confirmó que este ministerio hizo una petición para que un Tribunal de Sentencia pueda revocar la detención domiciliaria y que sea enviado a prisión de manera preventiva el exgeneral Hugo Baldivieso, quien está implicado en la compra irregular de víveres para efectivos de la Policía Boliviana.
“Estamos a la espera de la audiencia de apelación en contra del general Baldivieso, se ha cumplido con los trámites, existen elementos que no se han tomado en cuenta”, sostuvo la viceministra.
Baldivieso fue señalado por el excomandante de la Policía Boliviana Luis Cerruto como el principal responsable de la compra irregular de víveres que ocasionó un daño económico de más de Bs 5 millones porque él fue el director nacional administrativo de la institución del orden. A la fecha, Cerruto está detenido en el penal de San Pedro y Baldivieso cumple arresto domiciliario.
