Jefes de las Fuerzas Armadas y el Gobierno redactan el Libro blanco de la defensa en busca del crecimiento, desarrollo, doctrina y modernización de la institución, informó el viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo, Fernando Aramayo.
La autoridad gubernamental inauguró ayer un seminario para intercambiar experiencias con representantes del Ministerio de Defensa de Argentina y así concluir con la elaboración del citado texto con información del área de defensa puesta a conocimiento de todos los sectores políticos, económicos, civiles y otros.
“Con la cooperación de ellos (Argentina) pretendemos ya culminar nuestro Libro blanco de la defensa. Ya tenemos adelantado mucho en la elaboración, se consolidó las bases fundamentales y queda hacer algunos ajustes. Los pilares son: el desarrollo, crecimiento, modernización y la doctrina”, declaró Aramayo.
Agregó que se busca un direccionamiento, una orientación política y económica para que se establezca un fondo de defensa que permita la modernización sistemática y progresiva de las Fuerzas Armadas para desarrollar mejores capacidades militares y cumplir mejor las tareas que son encomendadas por el Gobierno.
“Tiene que haber un fondo que permita modernizar al sector de defensa y adecuarse a las amenazas emergentes y las que ya existen, indudablemente con base en la realidad económica del país. En función de eso el gabinete económico establecerá los recursos que se darán y de dónde se los entregará”, arguyó el viceministro.
Aseguró que en las FFAA existe material que ya sobrepasó su vigencia y es necesario adecuarse a un proceso progresivo, ya que el último año en el que se modernizó a la institución fue en 1975. Aramayo adelantó que el texto estará terminado para el primer trimestre de 2016. Añadió que el Ministerio de Defensa y las FFAA promoverán una serie de actividades para conocer y comparar procesos de diseño, concertación política y elaboración estratégica de libros blancos de otros países.
En 2014, el presidente Evo Morales anunció que el Gobierno creará un fondo de defensa con recursos económicos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a través de una normativa especial.
