En cuatro años, el Gobierno benefició con el indulto y amnistía a 4.118 privados de libertad en todo el país, según reveló ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Aseguró que con la medida se redujo el hacinamiento carcelario en Bolivia.
Este beneficio fue aprobado por primera vez en 2012. Luego, debido a la falta de accesibilidad al beneficio, se decidió ampliar el Decreto Presidencial de Amnistía, Indulto Parcial y Ampliación del Indulto en tres oportunidades. La vigencia de la norma se amplió con el fin de llegar a más reclusos y, así, luchar en contra del hacinamiento que hay en penales del país. Por eso, la última normativa contempló a presos condenados por narcotráfico con ocho a 10 años de prisión.
Romero señaló que “hay que destacar que tenemos 4.118 personas que ya se beneficiaron con el indulto y amnistía en los últimos años. Estoy seguro que estas cifras superan a las experiencias de otros países en el mismo tema. En términos generales hay un resultado positivo”.
Advirtió que sin la aplicación del perdón judicial, el número de encarcelados en el país, tal vez, se hubiera elevado a unos 17.400, ya que actualmente se tiene a unos 13.200 en los penales. “La sociedad es dinámica, puesto que en los últimos cuatro días hemos detenido a 43 personas vinculadas al narcotráfico, y lógicamente si no hubieran las medidas, estaríamos con más internos”, destacó.
Población. Actualmente, según datos del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), en los recintos penitenciarios del país hay 13.200 privados de libertad. Ante los resultados obtenidos por el perdón judicial, Romero indicó que los alcances son muy buenos, ya que se aplicó el beneficio “para poder olvidar los hechos contrarios a la leyes en los que hayan incurrido personas. Es decir, en Bolivia hemos ampliado los decretos presidenciales, por tres veces, y lo hemos hecho para que beneficie más a las personas, con las medidas dictadas (en las normas)”.
El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario, creó el Consejo Consultivo Nacional 2015 para organizar el seminario internacional “Hacinamiento y reinserción social, hacia la reforma del sistema penitenciario”, que empezó ayer y concluirá hoy. Allí se tratará la temática carcelaria.
En este evento, que tiene lugar en la Cinemateca Boliviana, participan, además de Romero, la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, el director general de Régimen Penitenciario, Jorge López, y el delegado de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino De Leo, entre otras autoridades gubernamentales y de la Policía Boliviana. En el encuentro, el Gobierno planteará coordinar acciones con los gobiernos subnacionales y las autoridades judiciales del país.
Trabajo destacado
Proceso
El delegado de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino De Leo, destacó el trabajo que hace Bolivia en cuanto la implementación de medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles del país.
Labor
Aseguró que el borrador del plan estratégico, incluye medidas de corto plazo que tienen buenos resultados con el indulto. A mediano plazo, se destaca la necesidad de trabajar con el Órgano Judicial para rebajar la cifra de detención preventiva. Por último, a largo plazo, se busca trabajar en una política criminal que sea coherente.
Romero admite dilación de casos
Ante la denuncia de dilación en casos de demandas de indulto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que existen problemas burocráticos y de interpretación y anunció que éstos serán resueltos por las instancias respectivas.
Ayer, el director general del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), David Tezanos, denunció que jueces y funcionarios de Régimen Penitenciario obstaculizan al menos 450 solicitudes de reclusos que quieren acogerse al indulto, debido a que realizan diversas interpretaciones del decreto de indulto y rechazan las solicitudes.
Romero dijo que “me comentaron que sí hay autoridades que hacen interpretaciones restrictivas, pero se buscarán mecanismos para coordinar con estas autoridades judiciales, a fin de que apliquen el principio, in dubio pro reo, es decir en caso de duda, hay que aplicar la norma a favor del reo”.
Recordó que las dilaciones burocráticas por funcionarios causan problemas, hecho que no solamente sucedió en este año, sino en las anteriores experiencias implementadas para beneficiar a presos. La autoridad gubernamental aseguró que un comité, compuesto por los ministerios de Justicia y Gobierno, monitorea la implementación del indulto y la amnistía y trabajará con cualquier caso denunciado, con el fin de dar una solución lo más antes posible.
