La estatal de transporte por cable Mi Teleférico comenzó a cambiar el contenido de los mensajes difundidos en los últimos días vía redes sociales por su contenido político. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó se hizo una “severa llamada de atención” a la empresa y se la advirtió de llevar el caso a la Contraloría de persistir mensajes que induzcan al voto por el Sí hacia el referéndum.
El vocal electoral José Luis Exeni informó de la decisión en el marco de la presentación y explicación del reglamento que fija las reglas de la consulta del 21 de febrero. El plebiscito apunta a modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para establecer dos repostulaciones continuas y habilitar al presidente Evo Morales a terciar en las justas de 2019.
“En el caso de Mi Teleférico tenemos una primera comunicación de severa llamada de atención y en la siguiente vamos a derivar su caso a la Contraloría”, advirtió y añadió: “En caso de que se difunda en un medio vamos a sancionar a la entidad estatal que la difundió y al medio de comunicación. Este tipo de mensajes no se pueden difundir”.
El reglamento no fija ningún tipo de restricción en las redes sociales para hacer campaña, aunque Exeni aclaró que el TSE no permitirá que las instituciones públicas o estatales realicen campaña por el Sí o el No “de manera directa o camuflada”.
Por ejemplo, en su cuenta de Facebook, la empresa publicó: “Le decimos SI al arte. Conoce a Andrea… Ganadora de la categoría Grafiti (…)” (sic), cuyo contenido hoy fue cambiado a: “Conoce el gran trabajo de Andrea (…)”.
El 11 de noviembre, en el inicio de un largo mensaje se escribió “!SÍ, la #Fase2 es una realidad! (sic), que hoy fue editado y le quitaron el “SÍ”. En esa misma fecha se publicó otro texto: “¡¡¡La #Fase2 avanza!!!, sí al progreso y sí a un transporte digno”, que ahora solo se quedó en “¡¡¡La #Fase2 avanza!!!.
El TSE aprobó el 6 de noviembre el calendario electoral y abrió el período de campaña electoral que concluirá el 17 de febrero. El reglamento fija reglas como la prohíbición, entre otros aspectos, de propaganda gubernamental, en sus diferentes niveles, 30 días antes de la consulta.
