El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ordenó ayer una reestructuración del Ministerio Público en Oruro y dispuso la destitución de 11 funcionarios que presuntamente están involucrados en hechos de corrupción, dilación de procesos y favoritismo hacia algunos casos.
“Se procedió con el agradecimiento de servicios a 11 servidores públicos porque se evidenciaron irregularidades en el desempeño de sus funciones, entre ellos está el fiscal departamental de Oruro, Orlando Riveros”, informó el jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, desde Sucre, a través de un boletín de prensa.
De acuerdo con datos a los que accedió La Razón, el fiscal departamental Riveros fue suspendido de sus funciones el 23 de octubre, mientras que los nombres de los cuatro fiscales de materia destituidos tienen las siguientes iniciales: R.R.S., R.Z.C., E.O.LL. y E.G.B. También se procedió al retiro de dos auxiliares, cuyas identidades tienen las iniciales M.P.H, T.M.R.; además de tres asistentes legales E.Z.Q, R.F.R. y D.P.L. y un asistente de Contabilidad, W.G.A.
Política. “No vamos a permitir hechos de corrupción ni privilegios de ninguna naturaleza de los servidores públicos, ya sean fiscales, asistentes o auxiliares. No se protege ni se protegerá a nadie, acá no hay personas insustituibles”, advirtió Guerrero.
La máxima autoridad del Ministerio Público justificó su decisión con el argumento de que la asumió en el marco de un proceso de reestructuración que impulsa en la oficina de la Fiscalía Departamental de Oruro y con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
De su lado, la fiscal departamental interina de Oruro, Dubeysa Palacios, confirmó que desde Sucre el Fiscal General del Estado dispuso la destitución de los 11 funcionarios a raíz de una serie de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, dilación en los procesos y favoritismo en los casos que se ventilan en esa región.
“Se realizó desplazamientos de fiscales a otras regiones del departamento y cambio de despacho, entre otras acciones que con seguridad continuarán en los próximos días”, declaró Palacios y recalcó que se da un estricto cumplimiento al instructivo que se emitió en Sucre.
Guerrero manifestó que actualmente se da mayor celeridad a la investigación del caso del Fondo Indígena (uso irregular de dinero estatal para obras de desarrollo rural inconclusas o inexistentes) y adelantó que el proceso seguirá su curso hasta establecer la verdad de los hechos y se halle responsabilidades “caiga quien caiga”.
Al respecto, Palacios dispuso el jueves el alejamiento de la institución del fiscal anticorrupción, Richard Zepita Condori, quien estaba a cargo de la investigación del caso del ex Fondo de Desarrollo Indígena y un día antes promovió la detención preventiva de un exdiputado del MAS que estaba a cargo de un proyecto no ejecutado.
Zepita, en su defensa, sostuvo que se trata de un despido que tiene carácter “político”. No obstante, Palacios argumentó que su decisión es el resultado de una supervisión y evaluación de los procesos y que se le entregó un agradecimiento por sus servicios.
El control interno
Denuncias
El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, señaló que en el Ministerio Público tienen una oficina de régimen disciplinario que recibe denuncias de irregularidades que puedan haber en la atención de casos.
