El Movimiento Al Socialismo (MAS) apunta a “redoblar” esfuerzos para promover el Sí en La Paz y El Alto, ciudades donde el partido de gobierno perdió en las elecciones subnacionales de marzo. El plan busca agilizar la ejecución de proyectos en dichas urbes a corto y mediano plazo.
Durante la campaña de cara al referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 se busca dar prioridad a estas dos ciudades, cuyos gobiernos están en manos opositoras, de Luis Revilla, de Soberanía y Libertad (Sol.bo), y Soledad Chapetón, de Unidad Nacional (UN). Asimismo, el MAS apunta a sumar a su proyecto a alcaldes de la oposición y de otros frentes.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Marín Sandóval (MAS), dijo que para lograr ese objetivo se reunirán con las organizaciones sociales de ambas ciudades y captar sus necesidades “más urgentes” para ejecutar proyectos prioritarios en esta gestión y 2016.
Labor. “Vamos a redoblar esfuerzos y las actividades en esas ciudades (…), vamos a informar qué interés tiene el Presidente (Evo Morales) en municipios grandes como La Paz y El Alto, y cómo va a invertir en los próximos años (…) por la importancia que tiene el área metropolitana del departamento”, señaló la autoridad regional.
Con esa estrategia, el MAS busca asegurar el Sí a la propuesta de modificar del artículo 168 de la Constitución para dar paso a otra postulación presidencial de Morales y Álvaro García Linera en los comicios de 2019. El calendario electoral está vigente y las fuerzas políticas ya iniciaron, desde el 6 de noviembre, las actividades proselitistas, en coordinación con movimientos sociales y cívicos; también comenzó la carrera por ganar adhesiones y el MAS apostó por lograr el apoyo de ediles de otros frentes.
Beymar Mamani, alcalde de Palos Blancos y presidente de la Asociación de Municipalidades de La Paz (Amdepaz), informó que de los 87 municipios que tiene el departamento, 80 están en manos del MAS, mientras que siete son controlados por autoridades de otros partidos. “No obstante, los alcaldes de Alto Beni, Caranavi, Guanay, San Buenaventura e Ixiamas, que no son del MAS, se sumaron a nuestro proyecto de manera voluntaria”.
Mamani explicó que solo los alcaldes de El Alto y La Paz mantienen una posición contraria para la consulta.
“Entendemos su posición, pero con el resto de los municipios ya se ha sacado un instructivo para apoyar la repostulación presidencial”, afirmó.
La pasada semana, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, indicó que de las 115 alcaldías de todo el país que están controladas por otros partidos políticos, “al menos el 50% se está inclinando por apoyar la repostulación presidencial (…), la adhesión fue voluntaria y espontánea”.
En esa línea, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) también alista, para esta jornada, un manifiesto oficial de respaldo a la campaña por el Sí; ayer, su director ejecutivo, Jerjes Mercado, adelantó que hay un respaldo a la modificación de la CPE. “Las nueve asociaciones departamentales establecieron su posición e hicieron llegar su voto resolutivo de apoyo a la repostulación”, insistió.
Exministros en campaña
Política
Los exministros de Estado Amanda Dávila, Hugo Moldiz y Pablo Groux conforman el equipo que organiza la estrategia política de campaña nacional para el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016.
ONU avala la legalidad del proceso de consulta
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) avaló la legalidad del referéndum de 2016; pese a ello, la oposición presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar el proceso.
El representante de esa entidad en Bolivia, Denis Racicot, afirmó que el hecho de ir a una consulta para modificar la Constitución, y así dar paso a una nueva postulación presidencial, es una actividad “claramente democrática”, por tanto, no es “incompatible con los instrumentos legales en materia de derechos humanos”.
“Aquí no hay ninguna violación a una norma del derecho internacional de derechos humanos, es un ejercicio plenamente democrático que se enmarca en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, incluso, la Carta Interamericana de la OEA sobre la democracia”, explicó el diplomático.
Al respecto, el senador opositor Óscar Ortiz (UD) dijo que se presentó la demanda ante la CIDH contra el proceso de aprobación del referéndum, porque “no ha seguido el procedimiento correcto en la convocatoria”, buscando así anular todo el proceso.
