El caso del estudiante José Ignacio Orías que rechaza prestar su servicio militar fue admitido por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, desde el 29 de noviembre, corre el plazo de 30 días hábiles para que la justicia constitucional falle a favor o en su contra.
El magistrado Oswaldo Valencia, expresidente de esa comisión, confirmó que el expediente ya está en manos de uno de sus colegas para que analice el caso. Estimó que podría conocerse una sentencia hasta fin de año, siempre y cuando se cumplan con los plazos legales establecidos.
Orías, de 18 años, recurrió a la Justicia y ganó parcialmente un amparo constitucional. Esa sentencia determina que tiene que, previamente, cumplir tres requisitos. El primero es presentarse a un centro de reclutamiento con una declaración jurada en la que indique cuáles son sus creencias y convicciones, luego presentar certificados de antecedentes, judiciales y policiales, y finalmente que acredite sus creencias.
Valencia, sin dar más detalles del caso, señaló que en 2003 se presentó un caso similar y que fue considerado por los magistrados del primer Tribunal Constitucional. Al respecto, el magistrado adelantó que se tomará como antecedente ese hecho, para luego pronunciarse específicamente sobre el caso de Orías.
