En el caso Fondo Indígena, el juez 1º de Instrucción Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, ordenó ayer la detención preventiva para Melva Hurtado y Remy Vera, dirigentes indígena y campesino, y el arraigo y el pago de una fianza para la senadora Felipa Merino (MAS).
Los dos dirigentes y la asambleísta, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron aprehendidos el jueves por la Fiscalía, acusados de tener participación en acciones irregulares en el Fondo Indígena que fueron denunciadas en febrero por la Contraloría.
“Se dispuso para la senadora, conforme el artículo 152 de la Constitución, que limita la detención preventiva para asambleístas, pues solo se puede aplicar en casos de flagrancia, una fianza de 41.000 bolivianos, arraigo y prohibiciones de contacto con otros procesados. La senadora acreditó un domicilio legal”, dijo el juez.
Cárcel. Con relación a Vera, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el juez dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz. Para Melva Hurtado, presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), se resolvió también la privación de libertad en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Miraflores de la ciudad de La Paz.
“Los indicios están claros en la imputación y todo gira en los mismos aspectos del modo en relación a los otros detenidos. El presunto incumplimiento de contratos que tuvieran en el Fondo Indígena”, arguyó el juez. El fiscal Ángelo Saravia, miembro de la comisión que investiga el caso, señaló que en la audiencia cautelar se demostró que existían riesgos procesales respecto a la probabilidad de autoría, peligro de obstaculización de la investigación y peligro de fuga.
La autoridad fiscal remarcó que se solicitó al juez la detención preventiva para la asambleísta del MAS, pero el que tenía que decidir en la aplicación de la Constitución Política del Estado era la autoridad jurisdiccional y por eso solo determinó “medidas sustitutivas” con arraigo.
Saravia informó que se desembolsó más de Bs 22 millones para los proyectos de las tres personas. Al momento de salir de la audiencia cautelar, Vera rechazó la decisión del juez. “En ningún momento he tenido el dinero, no he recogido, ha recogido mi auditor, él sabe dónde lo tiene, es 530.000 bolivianos, el auditor lo tiene todo”, manifestó el dirigente.
Defensa. Ernesto Melgarejo, abogado de Hurtado, aseguró que la resolución del juez fue errónea, ya que durante la audiencia se desvirtuó todos los riesgos procesales que indicaba el Ministerio Público. También dijo que la acusación se dio porque se llevó dinero a una cuenta particular, pero se demostró que en ese trámite no había ilícitos.
“Nos faltan dos que son el domicilio y trabajo conocido, este tipo de trámites nos ha sido imposible, pero en el transcurso de la próxima semana lo haremos conocer”, señaló el abogado. Melgarejo indicó que la próxima semana apelarán la decisión del juez y pedirán la cesación a su detención preventiva, con el fin de que se defienda en libertad.
Este caso estalló en febrero, luego de que la Contraloría denunciara un daño económico al Estado de Bs 71 millones con 153 proyectos no ejecutados. El Gobierno intervino el Fondo por seis meses y en el trabajo de revisión de las 1.100 obras se detectó 38 proyectos “fantasma” que causaron un daño de Bs 24,5 millones. La Fiscalía informó que detectó 48 obras inexistentes.
