La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados envió al Ministerio Público 20 informes de investigaciones hechas para abrir juicios de responsabilidades en contra de autoridades judiciales. La presidenta de la instancia legislativa, la diputada Susana Rivero, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dio ayer un informe parcial de la comisión de la gestión 2015, ya que trabajó hasta el miércoles 9 de diciembre.
“La comisión recibió en este año y anteriores gestiones 95 procesos para investigación y apertura de procesos respectivos. De los 95, hemos concluido con la pesquisa para juicio de responsabilidades 20 (…) que están con resolución final y que fueron remitidos al Ministerio Público, para que se realicen las investigaciones”, señaló Rivero en conferencia de prensa.
Denuncias. Explicó que no se puede dar a conocer los nombres de los acusados, salvo que las autoridades y exautoridades judiciales sindicadas tengan una imputación formal. Rivero agregó que hay otras 20 demandas en las que todavía falta tomar declaraciones, pero que ya están para un informe, sea de imputación o de rechazo; y 49 que están en fases investigativas y declaraciones de las autoridades que fueron acusadas.
“Este año, con el trabajo de investigación se detectó que la ciudadanía demanda diferentes cosas en materia de justicia. El primer problema que se identifica es el de la retardación, tema que será llevado a la Cumbre Judicial a realizarse en 2016”, explicó la asambleísta oficialista.
El segundo problema, añadió, es que en algunos operadores de justicia hay altos niveles de corrupción. El tercer escollo es que hay un mal manejo de las normas jurídicas por parte de las autoridades judiciales, según los datos de las denuncias recibidas.
El otro problema que concentra “la mayor demanda” es el hecho de que no funcionan las instancias disciplinarias del órgano de justicia y del Ministerio Público. “Son inaccesibles o cuando se recurre a ellas no es eficiente el trabajo de investigación”, advirtió Rivero. La diputada también dio a conocer, entre otras de las denuncias frecuentes, que hay un mal patrocinio por parte de los abogados, que no asesoran bien a los litigantes y otros, peor aún, perjudican a los ciudadanos.
En el informe que dio la titular de la comisión justificó el trabajo que se hizo, debido a que la instancia legislativa tiene a su cargo cuatro responsabilidades fundamentales: analizar proyectos de ley; atender denuncias comunes de los ciudadanos en materia de justicia; fiscalizar, de ahí surgen peticiones de informe escrito (PIE), peticiones de informe oral (PIO) y minutas de comunicación; y la cuarta labor, investigar las demandas de juicios de responsabilidades a altas autoridades.
Rivero también detalló que en 2015 se atendió 115 de 159 denuncias comunes, que son de ciudadanos que recurren a su comisión para reclamar, demandar o denunciar algún problema en sus juicios. Se trata de 68 casos en materia penal; 22 en civil; seis en familia; cinco en agrario; uno en laboral; uno en niñez; 51 en casos particulares y cinco en otros.
Según los reportes estadísticos, entre estas demandas se hallan involucrados 60 jueces y 46 fiscales; el resto, 53, están referidas a denuncias entre particulares en los nueve departamentos del país. La población litigante, agregó Rivero, también reclama la falta de sensibilidad de parte de los operadores de justicia para resolver los procesos que llegan a sus manos.
Peticiones de informe
Control
La titular de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Susana Rivero, resaltó ayer que en esta gestión, por los problemas y denuncias en la justicia, se solicitó 73 informes escritos al Ministerio Público, 40 al Consejo de la Magistratura y dos al Tribunal Supremo de Justicia.
