El 6 de febrero de 2016 no solo se implementarán los cambios a los códigos civil y familiar, sino que también funcionarán cuatro servicios para litigantes, acciones con las que se busca mejorar el acceso a la Justicia y transparentar los procesos judiciales.
La vigencia de las dos citadas normas fue suspendida en dos oportunidades consecutivas. Si bien ambas leyes fueron aprobadas a fines de 2013, su aplicación estaba prevista para el 6 de agosto de 2014, pero se observó el hecho de que no fueron difundidas como corresponde, por lo que se decidió diferirlas por un año. Pero este año también se volvió a cuestionar el poco conocimiento en la población y se las postergó hasta el 6 de febrero de 2016.
Para coordinar la aplicación de estas normas el próximo año se creó la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil, instancia que tiene representantes de los tres órganos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este grupo de trabajo impulsa las cuatro medidas: la creación de una plataforma de atención al público, el buzón judicial, la oficina de atención al litigante y la creación de una aplicación para celulares para ver el curso de un determinado proceso, detalló Maritza Suntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Al margen de estas iniciativas, se destacó los cambios e innovaciones que traerán los códigos civil y familiar citados, los cuales que fueron denominados “códigos Morales” porque ambos fueron impulsados y aprobados durante la presidencia de Evo Morales.
Entre las reformas de ambos códigos están la oralidad de los procesos, la implementación de los conciliadores para evitar la judicialización de problemas y la habilitación de medios electrónicos para el proceso, como los correos electrónicos, entre otras.
Para el caso de las iniciativas, explicó Suntura, la plataforma de atención al cliente deberá contar con personal capacitado y que domine dos idiomas, para que el servicio sea personalizado.
El buzón judicial, la otra iniciativa, estará instalado en la puerta de los tribunales departamentales, para que el litigante pueda presentar memoriales y todo tipo de recursos en horarios fuera de oficina o días no laborables. Los equipos que atiendan esta instancia estarán habilitados para acreditar la recepción de documentos. Actualmente, ésta se la hace en horario de oficina, sin contar los fines de semana ni los días feriados.
Además, desde febrero también estará a disposición de la ciudadanía una oficina de atención al litigante, espacio en el que los funcionarios tendrán la obligación de informar de manera constante el estado de los procesos a las personas que acudan a recabar información de sus casos.
Otra acción que será alternativa a las anteriores iniciativas será la creación de una aplicación para teléfonos móviles, para que los usuarios puedan hacer consultas y verificar la situación de su juicio. “Las partes ya no tendrán que acudir al juzgado para ver el estado de su proceso, lo harán a través de su celular”, destacó la magistrada Suntura.
Sistema informático en cortes
El sistema informático judicial Sirej también entrará en vigencia el 6 de febrero de 2016. No obstante, la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil aún no analizó el tema.
Maritza Suntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicó que recomendó que este sistema cuente con una interfaz externa y otra interna. La primera permitirá ver el estado en el que se encuentra un proceso, mientras que la segunda será un elemento de alerta que busca prevenir el vencimiento de plazos en diferentes trámites.
Con el mapa judicial se redistribuirán juzgados
Ampliarán competencias de jueces para la atención de procesos
Yuvert Donoso – Sucre
La Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil determinó ampliar las competencias de los jueces y diseñar un nuevo mapa judicial que redistribuirá los juzgados en el país, consecuentemente, permitirá mejorar el acceso de los litigantes a la Justicia.
La magistrada Maritza Suntura —que forma parte de esta comisión— explicó que este mapa permitirá establecer con exactitud el lugar donde se encuentra ubicado un determinado juzgado y a qué distancia se encuentra del otro asiento judicial, además de conocer la cantidad de causas que tiene cada uno de ellos.
Para establecer este nuevo mapa que reordena los juzgados, principalmente los de provincias, se tomó en cuenta el número de habitantes y la carga procesal que hay en aquellos. También se realizó un estudio socioeconómico y se establecieron los lugares estratégicos en las fronteras para ejercer soberanía.
Tomando en cuenta esos parámetros, Suntura manifestó que se determinó algunos cambios, especialmente en los lugares donde existen juzgados de Instrucción y de Partido, en los que su carga judicial es mínima. Por esa situación, ahora éstos se convertirán en juzgados públicos.
Concretamente se refirió al caso del municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. La población alcanza a 80.338 habitantes y las causas de ingreso en promedio es de 600 por año, pero solo tienen un Juzgado de Instrucción Mixto y un Juzgado de Sentencia. A partir del nuevo mapa judicial, con el cruce de las variables de número de ciudadanos y cortes, ese municipio llegará a tener tres juzgados e, incluso, un tribunal de sentencia.
A partir de esos cambios, Suntura señaló que se está ampliando las competencias de los jueces que ahora no solo conocerán las especialidades en materia civil, familiar o penal, sino también tratarán casos referidos a demandas laborales y vinculadas con la niñez y adolescencia en todos los juzgados en el ámbito nacional, especialmente en el área rural. La magistrada agregó que ya se solicitó al Consejo de la Magistratura la entrega del mapa judicial.
