Tras recibir una serie de denuncias en contra de funcionarios judiciales, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, sugirió a los jueces que estén en desacuerdo con sus sueldos presentar sus renuncias, para que se dediquen a otra actividad o negocio que sí pueda satisfacer su aspiración salarial.
La posición de la autoridad gubernamental fue hecha conocer a este diario al referirse a la acción de la jueza cruceña Vivian Gonzales, quien otorgó libertad, mientras dure la investigación del caso, a un coronel de Policía que fue sorprendido con 42,7 kilos de cocaína en su domicilio.
Renuncia. “Si a esos malos operadores de justicia no les gusta el sueldo que paga el Estado, pueden renunciar, tienen todas las puertas abiertas. Tienen la posibilidad de decir a mí no me conviene ese salario e irse, que no se hagan lío. Si les gusta ganar más dinero, pueden hacer sus negocios”, sostuvo Velasco, quien consideró que con esa actitud dejarán de hacer sufrir a los litigantes que dependen de ellos y al pueblo boliviano en su conjunto.
“Hay gente que quiere realmente prestar el servicio al pueblo, no servirse del pueblo”, indicó Velasco cuando aseguró que hay otros profesionales que sí pueden acceder a un cargo de administración de justicia y trabajar de manera más comprometida. Al referirse al proceso contra la jueza Gonzales, la Ministra de Justicia indicó que este caso servirá de un precedente para aquellos magistrados que incumplan sus funciones.
“Que sea un claro ejemplo para los demás operadores de justicia, si alguien no valora las pruebas adecuadamente o beneficia a algún delincuente, también será sancionado, investigado y destituido por parte del Ministerio Público”, advirtió la autoridad. Al referirse a la libertad otorgada al coronel policial, la titular de Justicia lamentó esa decisión porque hay gente de escasos recursos que es enviada a recintos penitenciarios por ser sorprendida en poder de algunos gramos de sustancias controladas.
Por dejar su oficina, exigen castigar a 7 magistrados
El operativo de control que realizó en Oruro, el viernes, fue aprovechado por la ministra de Justicia, Virginia Velasco, para visitar los juzgados de Sica Sica y Patacamaya. En ambas localidades descubrió que los jueces dejaron sus oficinas antes de tiempo y por eso pidió a la Magistratura sancionarlos.
Velasco informó a este diario que envió una carta al presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, para exigirle que asuma las acciones disciplinarias correspondientes en contra de los jueces de Sica Sica Manuel Vargas Orihuela, Luis Calderón Chuquimia, David Gonzalo Conde Chima, Jorge Luis Antequera Bernal y José Aliaga Bracamonte, ya que ellos se fueron antes de las 18.30. A ellos se suman sus colegas de Patacamaya Demetria Juárez Piñas y Rubén Salcedo Villarreal. Velasco agregó que un funcionario judicial le dijo que los jueces, los viernes, generalmente se van a las 16.00.
Aprehenden a jueza por una fiesta en su despacho
Ibeth Carvajal
El Consejo de la Magistratura se querelló contra la jueza de Punata (Cochabamba) Norma Arnés, quien está aprehendida, por el delito de uso indebido de bienes, debido a que hay un video en el que se la ve bailar y presuntamente consumir bebidas alcohólicas en su despacho. El viernes notificaron al Consejo sobre esta irregularidad y la unidad de transparencia elaboró la denuncia. Ahora corresponde abrir el caso, explicó el representante departamental del Consejo, Jhonny Rocha.
“No vamos a permitir que este tipo de hechos enloden la imagen del Órgano Judicial y peor si viene de una autoridad judicial que tiene la responsabilidad de administrar justicia y ser ejemplo ante la sociedad”, manifestó Rocha.
Arnés tendría antecedentes de organizar este tipo de eventos en su juzgado y el Colegio de Abogados de Punata habría denunciado los hechos.
Rocha adelantó que se aplicará la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. La jueza fue aprehendida y trasladada a celdas judiciales, donde espera su audiencia cautelar. Hace dos semanas, el Consejo también presentó una denuncia contra el subregistrador de Derechos Reales de Punata, por la falsificación de 129 títulos de propiedad.
