Tras una audiencia maratónica, la madrugada de ayer, la jueza Vivian Gonzales, que liberó a un coronel que portaba 42,7 kilos de droga, fue detenida preventivamente en la cárcel de Palmasola por lo delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
Mientras tanto, en la Fiscalía se anunció la apertura de una investigación sobre aparentes nexos entre el expolicía Juan Carlos T. y redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se presume que este ex jefe policial, ahora encarcelado, tendría nexos con personas involucradas en narcotráfico. “Es investigado por agentes antidrogas y la Fiscalía”, señaló la autoridad de Gobierno.
El fiscal de Distrito, Gomer Padilla, declaró que la indagación de este caso es amplia y no se puede descartar ningún elemento. No está lejos la posibilidad de indagar posibles nexos con el general de Policía retirado Óscar Nina, encarcelado en el penal de Palmasola por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas.
Evidencia. Según el Fiscal de Distrito, los elementos concretos con que actualmente el Ministerio Público cuenta es la existencia de los 42,7 kilos de droga encontrados en la casa de Juan Carlos T., en una posible transacción comercial de la mercancía.
Padilla manifestó que se espera un informe solicitado a la Policía por la fuga de Leonardo Cuéllar y, a partir de ello, se tomarán determinaciones. “No entendemos cómo puede una persona desaparecer en un allanamiento, cuando esto es responsabilidad de la institución policial”, señaló.
Romero reiteró que este caso es de mucho análisis porque estaba involucrado un coronel de la Policía en el acopio de drogas, en su propio domicilio. “Afortunadamente, este hecho fue destapado por una investigación de la misma Policía”, destacó.
El abogado de Gonzales, Jerjes Justiniano Atalá, adelantó que se interpondrá un recurso de apelación a la decisión de la jueza Albania Caballero, del Juzgado 1º de Instrucción Anticorrupción, por considerar que esa autoridad no tomó en cuenta las pruebas que desvirtuaban las supuestas acusaciones en contra de su defendida.
Padilla aseguró que en la aprehensión de la jueza se actuó en el marco de la legalidad, en cumplimiento del procedimiento. Explicó que se activó de manera directa el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y tras notificar con la resolución de aprehensión a Gonzales, se la puso a disposición del juez contralor en 24 horas.
“Si hubiese existido alguna violación procesal constitucional, la jueza que ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares lo hubiese establecido en su resolución, además se han presentado cuatro incidentes y ninguno de ellos fue declarado procedente”, afirmó el Fiscal de Distrito.
“La jueza anticorrupción ha constatado que no existe el delito de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley, lo que ha existido es incumplimiento de deberes y, en la vía de la complementariedad, se ha pedido que nos diga cuál es el deber que ha incumplido Vivian Gonzales, pero curiosamente nos dice que la Fiscalía determinará ese delito en el desarrollo de la indagación”, observó Justiniano.
El representante del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, Carlos Calderón, informó que Gonzales podría ser destituida del cargo en los próximos 60 días. “Se ha abierto un proceso disciplinario por faltas graves y gravísimas en contra de Gonzales”, dijo. Agregó que la sanción va desde una suspensión temporal hasta la destitución definitiva.
Denuncias en contra de jueces
Punata
Norma Arnés, jueza de Punata, es acusada del delito de uso indebido de bienes del Estado por hacer una fiesta en su despacho.
La Paz
Siete jueces de Sica Sica y Patacamaya fueron acusados de abandono de funciones.
Elío pide investigar y procesar a fiscal
Williams Farfán
El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, pidió investigar y procesar al fiscal Edil Robles, quien planteó la acusación en primera instancia en la audiencia cautelar del expolicía Juan Carlos T. porque se cree que pudo haber “omisión de funciones”.
Las críticas a los operadores de justicia surgieron por un fallo de la jueza Vivian Gonzales, quien otorgó medidas sustitutivas al exjefe del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) de El Alto, luego de que fue aprehendido por tener 42,7 kilos de cocaína en su casa de Santa Cruz. Ese fallo fue revocado.
“No solo es problema de la jueza, que está con detención preventiva, sino también hay que investigar y procesar al fiscal que atendió en inicio el proceso, porque es probable que su acusación haya sido débil y benevolente, en contra de alguien al que se descubrió en flagrancia. Entonces, hay delitos que se pudieron cometer como la omisión”, sugirió Elío. Adelantó que una de las pruebas en la investigación será la de los audios que se grabaron en la primera audiencia cautelar del 12 de diciembre.
Elío no descartó que haya complicidad de algunos jueces con narcotraficantes. “En algunos casos nos parece que no es solo de los jueces (la ayuda), sino también de los fiscales, que no están haciendo la tipificación del delito como corresponde”. El Viceministro de Régimen Interior destacó que se hace un seguimiento, mediante cámaras de vigilancia, a jueces que tengan denuncias o sean sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico u otro tipo de delitos. Por esto también trabajan los funcionarios de la unidad de Inteligencia, añadió.
