En enero de 2016, el diputado Rafael Quispe (UD) presentará una nueva querella por malos manejos económicos en el ex Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc). La demanda la hará en contra de 10 dirigentes sindicales y actuales autoridades, para abrir el caso Fondioc II.
El caso Fondioc empezó en febrero tras la presentación de la denuncia de la Contraloría General del Estado, tras comprobar un daño económico al Estado de Bs 71 millones por 153 obras de desarrollo rural no ejecutadas. Luego, el Gobierno intervino la institución por seis meses y detectó 38 proyectos “fantasma” que causaron un daño de Bs 24,5 millones, cifra que podría subir a Bs 102 millones porque todavía faltan supervisar otras obras.
“En enero vamos a presentar una nómina de 10 personas implicadas en el caso Fondo Indígena; para esto interpondremos otra querella en la que se implicará no solo a dirigentes nacionales e indígenas, sino también estarán autoridades como el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, porque fue él quien autorizó la transferencia de recursos a cuentas bancarias personales de los acusados del proceso”, adelantó el asambleísta Quispe, de la opositora Unidad Demócrata (UD).
Agregó que entre los acusados de la lista también está el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Marín Sandoval. Además, anunció que pedirá que se cite como testigos a los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ya que estas autoridades sabían desde 2011 sobre los daños que había en el Fondo.
Quispe señaló que con la nueva denuncia pedirán al Ministerio Público que se abra el caso Fondo Indígena II, después de que se convoque y se procese a la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo. “Vamos a presentar una nueva lista en la que también está la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adela Álvarez, quien se benefició con varios proyectos”, añadió.
Por el manejo irregular de los recursos en el Fondo Indígena hay 13 personas encarceladas, entre ellas cinco altos representantes y dirigentes ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS), como Julia Ramos y la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado. También están implicados en el proceso los senadores Jorge Choque y Felipa Merino, ambos del MAS.
En septiembre, Eduardo León, abogado de Quispe, presentó ante la Fiscalía Departamental de La Paz cinco denuncias penales en contra de dirigentes de organizaciones sociales para sindicarlos en el caso Fondioc. Se los acusa de cometer delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y asociación delictuosa. Entre los acusados están la dirigente Hurtado, quien habría administrado Bs 22 millones y Juanita Ancieta (ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa), sindicada de recibir Bs 8 millones del Fondo Indígena.
En marzo, este diario reveló que al menos ocho dirigentes de organizaciones sociales recibieron dinero de esa entidad a través de transferencias realizadas a sus cuentas bancarias personales y en entidades privadas. Los documentos indican esta irregularidad en comprobantes de desembolso de recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) hacia el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y de éste a otras cuentas particulares y no así, como debe ser, al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) que está dentro del Banco Unión.
Acción de libertad
Proceso
Ayer, en el Juzgado 1º de Instrucción Anticorrupción de El Alto se suspendió la audiencia de cesación de detención preventiva de la presidenta de la CIDOB Melva Hurtado, informó Ernesto Melgarejo, abogado de la dirigente; dijo que aún no hay fecha para la audiencia.
