El año judicial comenzó ayer en medio de una protesta que cuestionó —precisamente— a la administración de justicia. Las autoridades admitieron que la corrupción y la retardación son los principales problemas que piensan resolver con la puesta en marcha de un “ambicioso” plan.
Una protesta, que fue protagonizada por un grupo de representantes de la autodenominada Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia, se desarrolló ayer por la mañana justo cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, leía el informe para inaugurar el año judicial. A este evento no acudió por segundo año consecutivo el presidente Evo Morales.
Los manifestantes, que se instalaron al frente del Palacio de Justicia de Sucre, la sede del TSJ, mostraron pancartas con las que exigieron un cambio de los operadores de justicia por los casos de corrupción que involucran a jueces y fiscales.
La asambleísta departamental de Chuquisaca Sandra Siñani (MAS), que dirigió la movilización, anunció el inicio de una huelga de hambre en la Fiscalía General del Estado para exigir la renuncia del fiscal departamental Roberto Ramírez, a quien acusó de dejar pasar por alto denuncias que deberían ser juzgadas.
Procesos. La legisladora regional citó, por ejemplo, el caso de un joven que —tras ser detenido por una denuncia de asesinato— está a punto de recobrar su libertad debido a la falta de pruebas que debería aportar con mayor eficiencia el Ministerio Público. “No hizo nada”, reclamó Siñani, poco antes de recordar otro caso de una jueza que, en su criterio, cometió prevaricato por emitir resoluciones contradictorias que autorizaron el desalojo de una vivienda habitada por una mujer de 80 años.
Mamani planteó que ante deficiencias, marcadas especialmente por la corrupción, se debe aplicar un plan que mejore la transparencia en la administración sobre la base de uno que tome como base el fortalecimiento de las tecnologías de la información.
El magistrado, al pronunciar su mensaje por el inicio del año judicial, propuso enfrentar la retardación de justicia y la excesiva carga procesal con ajustes en la vacación individual, pues, en su criterio, hubo “caos y desorden en la prestación de servicios de administración de justicia” debido a que los servidores solicitaron el beneficio del descanso en distintas temporadas del año. En segundo lugar perfiló un plan para la resolución de causas, la creación y reorganización de juzgados acompañado de un adecuado presupuesto para el desarrollo de tecnologías que automaticen varios procedimientos de manera transparente.
Así, el presidente del TSJ puso el punto de mira en los mecanismos informáticos para el reparto “verdaderamente aleatorio” de todas las demandas que llegan a estrados judiciales. “No debe olvidarse que gran parte de la demora en un proceso se encuentra en mecanismos deficientes para llevar adelante las notificaciones judiciales (…); la notificación electrónica debe también ser desarrollada en el Tribunal Supremo”. Mamani planteó así capacitar a los funcionarios para aplicar los nuevos códigos procesales y como quinto elemento consideró impostergable la elaboración de un nuevo proyecto de gestión procesal para mejorar la transparencia de los procesos, de manera que se mejoren los controles sobre el juzgamiento de las causas.
La carga procesal
Reto
Uno de los principales retos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) será realizar la liquidación de la carga procesal en su Sala Plena, para lo cual llevará adelante un plan inmediato de resolución de causas con prontitud y calidad.
El Tribunal reafirma la autonomía de la Justicia
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, defendió los principios de autonomía e independencia del Órgano Judicial como garantía de una imparcial y eficiente administración judicial en Bolivia. “Debe quedar claro que la independencia del Órgano Judicial para el ejercicio de la función jurisdiccional no debe entenderse como un medio de justificación para la arbitrariedad o abuso del poder; toda vez que la labor de impartir justicia si bien reposa en el juez, supone la necesaria existencia de coordinación e interacción institucional con los otros órganos del Estado y en especial de aquellos órganos públicos que están vinculados al servicio de la justicia”, afirmó el magistrado Mamani. La autoridad del TSJ indicó que sin que signifique tolerar actos de corrupción o ser permisivos con la retardación de justicia que existe en el país, se luchará contra cualquier injerencia a la instancia jurisdiccional.
“Mantendremos una enérgica oposición a cualquier intento de desconocimiento y atentado contra los principios de autonomía e independencia forjados en nuestra Constitución Política del Estado”, concluyó Mamani, mientras el Gobierno prepara una cumbre sobre la justicia.
Gobierno estudia fecha para cumbre
Williams Farfán
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó a La Razón que el Gobierno aún analiza la fecha de realización de la Cumbre Judicial y que el anuncio final lo hará el presidente Evo Morales. La iniciativa de realizar un encuentro fue de Morales, en enero de 2015, al inicio del año judicial, ante la crisis en la Justicia y los hechos de corrupción cometidos por algunos operadores. Desde entonces el Ministerio de Justicia recibe propuestas de todos los sectores implicados para presentarlas en la cumbre citada.
“No tenemos todavía la fecha definida, el Gobierno aún analiza y el Presidente anunciará el día que se hará la Cumbre Judicial, ya que esa decisión está en sus manos”, afirmó Velasco. Agregó que todo estaría listo para realizar la cumbre, ya que se trabajó junto a todos los sectores profesionales, población, colegios de abogados y otros.
“Para la Cumbre Judicial ya vimos seis ejes muy importantes que se deben trabajar: el acceso a la Justicia, la corrupción, la retardación, la política criminal, la formación de los abogados en el país y el tema de la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial. Hasta el momento son esos los ejes, que podrían aumentar en esta nueva gestión”, recordó la Ministra de Justicia.
Se perfilan dos propuestas coincidentes: el cambio de las autoridades jurisdiccionales y el alza del presupuesto a la Justicia. El domingo, el mandatario Morales planteó la realización del encuentro nacional en Sucre, departamento de Chuquisaca, ya que esta ciudad es considerada la “capital de la Justicia”. También aseguró que la reforma en este ámbito jurisdiccional en el país pasa por la mentalidad de los operadores, hecho que deberá cambiar desde las universidades.
