En 2015, los Tribunales de Personal de la Policía enviaron a la Justicia Ordinaria a más de 1.000 efectivos porque incurrieron en delitos comunes, reveló ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La autoridad se refirió al tema tras afirmar que el Ministerio de Gobierno no tolerará ni protegerá hechos ilícitos en la institución. “Hemos revisado los informes de los Tribunales de Personal de la Policía Departamentales y ya hemos enviado a más de 1.000 policías a la Justicia Ordinaria el año pasado. Han incurrido en delitos comunes y por eso se los mandó a la Justicia”, señaló Romero, aunque no dio mayores detalles.
Remarcó que la cifra es una muestra del trabajo de transparencia que existe en la Policía y que las denuncias son investigadas de acuerdo con el procedimiento legal de la institución.
Romero recordó que los uniformados pueden denunciar los actos irregulares que cometan sus camaradas o sus superiores. “Hay una ley de protección de testigos y el grupo de consultores entregará un manual procedimental para dar una mejor aplicabilidad de la norma. En términos generales se protegerá a cualquier testigo”.
Indicó que también se elaboró un anteproyecto de ley para que los miembros de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas (FFAA) y entidades públicas puedan denunciar a sus superiores si es que cometieron actos de corrupción. “Vamos a dar una norma especial que proteja al subalterno, ya lo presentamos y está aprobado por el Gabinete Jurídico”.
Romero aseguró que la nueva normativa será implementada junto a un paquete de leyes que cambiarán la justicia. Explicó que la norma permitirá que el denunciante tenga una suerte de garantías junto a otros beneficios que se otorgarán como un incentivo. En junio de 2015, el presidente Evo Morales sugirió crear una ley para proteger a los denunciantes.
