En medio de polémicas por el caso Fondo Indígena, el presidente Evo Morales minimizó las acusaciones vertidas por el exdirector de la institución Marco Antonio Aramayo y lo tildó de “doble delincuente”, debido a que considera que debía denunciar los ilícitos cometidos en su momento.
El Jefe del Estado habló sobre la acusación que hizo el exdirector ejecutivo del cerrado Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc), en contra de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, quien habría autorizado la aprobación de al menos 500 proyectos por Bs 575 millones, cuando esta institución financiadora estaba en déficit y debía Bs 310 millones, en pleno periodo electoral, durante 2014.
“Si Aramayo sabía que ilegalmente realizaban la aprobación, por qué no denunció, por esto es doblemente delincuente, así se puede entender. Si sabía que estaba desembolsando Nemesia ilícitamente a un proyecto fantasma, debería haber acusado públicamente; yo lo hubiera hecho si era director, porque no hubiera querido ser cómplice”, sostuvo Morales.
Comicios. Aseguró que ningún proyecto fue aprobado como parte de la ejecución de campañas electorales. Más bien dijo que algunas obras se habrían descuidado por este tema, por parte de los encargados de controlar.
Morales sostuvo que en el caso Fondo Indígena el Gobierno, después de tener pruebas de irregularidades, intervino la institución, para ejecutar auditorías. Acotó que el resultado de esa labor fue remitido a la Justicia boliviana, donde radica la causa.
“¿Qué es lo que se tiene que hacer?, eso hay que preguntarle al fiscal o al juez. Ese tema para mí está cerrado, está en manos de la justicia. Nosotros actuamos con responsabilidad e intervención con base en eso (denuncias). Quieren magnificar el tema del Fondo Indígena y quieren destruir el movimiento”, manifestó el Presidente.
Aramayo, que actualmente se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz desde el 23 de abril de 2015, es acusado de autorizar proyectos de forma irregular. No obstante, él denunció que se vulneraron sus derechos constitucionales, ya que tiene al menos 216 causas que le siguen y, a veces, lo citan hasta a dos o más audiencias cautelares en los juzgados, todos el mismo día y hora, pero en diferentes lugares.
Al referirse a este caso, en una entrevista con la red Bolivisión el vicepresidente Álvaro García volvió a calificar como el principal error del Gobierno, en 10 años, a la falta de un adecuado control sobre los recursos del Fondo Indígena. “Los compañeros de las organizaciones sociales, que por decreto de (Eduardo) Rodríguez Veltzé tenían la obligación de administrar esos recursos, no tomaron en cuenta los procedimientos que, por lo general, se utilizan para administrar fondos públicos. No puedes usar en cuentas personales y tienes que rendir cuentas de los desembolsos. Un segundo error es no haber ejercido mayor control”.
El caso estalló en febrero de 2015, tras la denuncia de la Contraloría que verificó un daño económico al Estado de Bs 71 millones por 153 proyectos no ejecutados. Ante esta situación, el Gobierno intervino el Fondo Indígena por seis meses, tiempo en el que evidenció otro daño económico de Bs 24,5 millones por 38 obras fantasma. Esta cifra podría subir a unos Bs 102 millones, porque aún falta verificar otros proyectos en el país. Hasta ahora hay al menos 13 personas detenidas en diferentes cárceles. El último en caer es el asambleísta cochabambino Benjamín Salazar.
Se dio uso inadecuado
Trabajo
El vicepresidente Álvaro García sostuvo que en el Fondo Indígena hubo un “uso discrecional” de los recursos destinados a la institución. Esta acción la atribuyó, en parte, a la falta de información de los dirigentes que se encargaron de administrarlos.
Jueza envía a la cárcel a asambleísta
La jueza 2ª de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Lía Cardozo (en suplencia del juzgado anticorrupción), envió a la cárcel de Patacamaya, La Paz, al asambleísta departamental de Cochabamba Henry Vásquez, acusado de malversar recursos del desaparecido Fondo Indígena.
La audiencia fue instalada ayer durante cuatro horas. Vásquez es sindicado por dos obras fantasma, ya que figura como responsable de la comisión administrativa de ambos proyectos: fortalecimiento de la gestión de la confederación de campesinos e implementación de unidades operativas para el acompañamiento de la década productiva comunitaria.
“La jueza emitió la resolución respectiva de detención preventiva en contra de Vásquez porque era el responsable de los proyectos que provocaron un daño de casi un millón de bolivianos”, informó Ángelo Saravia, miembro de la comisión de fiscales que investiga el caso. Explicó que el asambleísta departamental fue remitido a la cárcel de Patacamaya, acusado por delitos de incumplimiento de contratos y enriquecimiento ilícito.
Tito Rodríguez, abogado de Vásquez, anunció que la decisión de la jueza será apelada, debido a que no se tomó en cuenta todos los elementos que desvirtuaron la acusación de la Fiscalía, al margen de los riesgos procesales. “Se lo manda a la cárcel porque la jueza consideró que no tenía un trabajo formal, pero se demostró que es un asambleísta en Cochabamba y se dio la documentación legal”. Añadió que su cliente no recibió dinero del Fondo Indígena y que el que lo hizo fue Damián Condori, detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz.
