La Asamblea Legislativa pedirá a los gobiernos subnacionales abrir una segunda fase en la investigación del proceso de capitalización y privatización que afectó a las empresas públicas, esta vez, de carácter regional.
“Vamos a pedirles a las gobernaciones y alcaldías que continúen, tiene que haber una segunda etapa de responsabilidad de las gobernaciones y las alcaldías. Hay detalles de otras empresas municipales y departamentales que han sido enajenaciones que en algunos casos no se han amparado ni en la Ley de Capitalización o privatización”, indicó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Javier Zavaleta, titular de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización.
Símbolo. El legislador indicó que no solo existe daño económico en las más de 216 empresas que dependían del nivel central del Estado, sino también en empresas regionales como Fantul, la otrora Fábrica de Tubos de La Paz, la Fábrica de Vidrio Plano (Fanviplan) que se encontraba en El Alto o la beniana Fábrica de Cerámica que “era símbolo de su departamento”, pero se entregaron a la administración privada, apuntó Zavaleta.
“Se va a pedir (la investigación) con una resolución de la Asamblea Legislativa, pero con nombre y apellido respecto a las empresas que se deben investigar”, señaló el legislador. La comisión del Legislativo alista el informe final de las enajenaciones de firmas estatales en el periodo 1989-2005, que además se resumirá en un texto denominado El proceso de enajenación de las empresas públicas.
Informe. La entrega del reporte final al pleno camaral aún no tiene fecha, aunque se prevé que se haga efectivo el 22 de enero, cuando se inaugurará la legislatura 2016-2017. No obstante, hay una primera fase de la investigación que se publicó en enero de 2015 en la que se identificó la responsabilidad de 13 exautoridades, entre ellas el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Planificación Samuel Doria Medina. Este último deslindó responsabilidades al aducir que los recursos captados en este proceso se destinaron a obras sociales. Recordó además que una ley obligó a la privatización de las empresas y que él solo se limitó a cumplirla.
Justamente la Asamblea revisará este reporte preliminar hoy desde las 15.00, en sesión de clausura de la gestión legislativa 2015-2016, cuando se trate el “funcionamiento” de la comisión en el proceso de privatización y capitalización comprendido entre 1989 y 2000. El órgano dio el paso inicial en 2015 y ahora prevé aprobar la instalación de un juicio de responsabilidades.
