La Asamblea Legislativa autorizó anoche el juicio de responsabilidades en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la capitalización de Enfe y el presunto desvío de dinero en el proyecto Focas. El proceso involucra a 12 exautoridades. En la última sesión de la legislatura 2015-2016, el pleno del Legislativo aprobó el informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural.
El 13 de enero de la pasada gestión, la anterior legislatura aprobó dos proposiciones acusatorias que implican a Sánchez de Lozada y las remitió a la Fiscalía General del Estado. Durante 2015, esta entidad aprobó un requerimiento acusatorio en contra del expresidente tras verificar que hay materia justiciable para juzgarlo. Luego se trasladó este informe al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que avaló con un auto supremo que fue derivado a la Asamblea Legislativa para pedir la autorización para el inicio del juicio de responsabilidades que lo ejecutará la Sala Plena del TSJ.
El proceso está enmarcado dentro de la Constitución Política del Estado y la Ley 044 de Juzgamiento para Altas Autoridades.
Sánchez de Lozada es acusado por delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe) y en el caso del supuesto desvío de dinero del proyecto de Formación de Capital en Áreas Económicas (Focas) a la fundación Fundapro, se lo acusa por contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola calificó de ilegal este juicio y prevé que será paralizado por una acción de nulidad que presentó al Tribunal Constitucional. El informe y la autorización de juicio derivan del trabajo de investigación que impulsó una comisión especial que investigó el proceso de capitalización y privatización de empresas públicas en el periodo de 1990 a 2001.
En el informe también se implican a otras 12 exautoridades, entre ellas al exministro Carlos Sánchez Berzaín, y a Samuel Doria Medina. El Legislativo transfiere a la Fiscalía la potestad para poder enjuiciarlos.
