El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, protestó ayer en Twitter contra el inicio de un juicio de responsabilidades en su contra y otros 12 expolíticos. Fue acusado de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, cuando era ministro de Planeamiento en 1991.
“El Gobierno utiliza a la Justicia para querer inhabilitar a la oposición. Juicio en mi contra no cambia mi opinión, igual votaré No”, escribió. Luego volvió a la carga con el siguiente mensaje: “A quienes han ordenado que me procesen, saben que No hay culpa ni motivo para ello, el Compromiso con Bolivia y el No sigue invariable (sic)”.
El viernes, la Asamblea Legislativa autorizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) iniciar el proceso legal por los casos de privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y de la entidad Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) contra 13 exautoridades, entre ellas Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, ambos prófugos desde 2003 tras la crisis de octubre.
En el caso Focas se firmó con Estados Unidos, en 1986, un convenio de crédito para el sector productivo de $us 12 millones, 3,5 millones en donación, más una contraparte de las corporaciones de desarrollo que estaban en cada departamento.
No obstante, en agosto de 1991, el ministro de Planeamiento y Coordinación era Samuel Doria Medina, y fue quien determinó que el dinero no llegase al Estado sino a una entidad privada: Fundapro, que recibió todos los activos fijos de Focas en calidad de propiedad, según informó la diputada Susana Rivero, del MAS.
