El Consejo de la Magistratura tomó la decisión de diferir la redistribución de juzgados, necesaria para ejecutar el Código Procesal Civil y de Familia, hasta después del referéndum del 21 de febrero ante la ola de protestas desatadas en municipios del país, reportó Fides.
“Se va a suspender momentáneamente el traslado hasta después del referéndum, se va a hacer un estudio más concreto para ver si esos juzgados se trasladan o no a los lugares donde existe mayor cantidad de carga procesal”, declaró ayer a la radio Loyola el consejero Roger Triveño.
El 4 de enero la Magistratura emitió el instructivo 01/2016 de Reordenamiento y Asignación de Equivalencias de Juzgados y Tribunales del Órgano Judicial. El miércoles 27, en Santa Cruz, pobladores de Camiri bloquearon la carretera que la une con la capital departamental, por el traspaso del Juzgado de Familia a Warnes, mientras habitantes de Puerto Suárez y Concepción se declaraban en apronte.
En Cochabamba, vecinos de Sipe-Sipe bloquearon la vía a Quillacollo exigiendo la anulación del traslado del Juzgado de Instrucción en lo Civil a Sacaba, y los de Arani se declararon en estado de emergencia.
En Potosí, en San Pedro de Buena Vista tomaron como rehenes a cuatro funcionarios del tribunal de partido que iba a ser llevado a Villazón. En Puna y Atocha hubo protestas.
