El Gobierno afirmó que la empresa China CAMC Engineering Co. Ltd., de la que la expareja del presidente Evo Morales es ejecutiva, no podrá presentarse a nuevos procesos de licitación debido a la rescisión de uno de sus contratos y el inicio de un proceso penal en su contra.
Así lo aseguró el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Milton Claros, en una entrevista con los medios estatales. Ratificó que su despacho realiza las gestiones para ejecutar las boletas de garantía de correcta inversión de anticipo y de cumplimiento de contrato, cuyo valor aproximado es de $us 22,8 millones y que fueron entregadas por el contrato de construcción del tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo; dicho contrato fue rescindido.
La firma china se adjudicó esa obra en octubre de 2013, vía licitación, por un monto aproximado de $us 103,7 millones; pero a siete meses del plazo de entrega, que fue fijado para diciembre de 2015, solo había avanzado 17%, por lo que el Ejecutivo, tras advertir en dos ocasiones sobre la rescisión del acuerdo, resolvió el mismo en noviembre del pasado año y decidió pedir el pago de las garantías. El 7 de enero, además, inició un proceso penal por incumplimiento del acuerdo.
“El tener una resolución de contrato no le va a caer muy bien en el currículum y, peor todavía, en una posible intención de presentarse a un proceso de licitación en Bolivia, porque al tener un acuerdo resuelto no se va a poder presentar más en ningún otro proyecto”, explicó la autoridad. De este modo, Claros desvirtuó un supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa china en los contratos que tiene con el Estado. Los cuestionamientos a las siete obras que se adjudicó por $us 566 millones, surgieron porque la expareja de Morales, Gabriela Zapata, es Gerente Comercial de aquélla.
El periodista Carlos Valverde, director del programa Todo por hoy (que se emite en Santa Cruz), denunció, el miércoles 3 de febrero, un supuesto tráfico de influencias por los vínculos entre Zapata y Morales.
Según la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, el uso indebido de influencias (en el que un servidor público o autoridad obtiene ventajas o beneficios, para sí o para un tercero) es un delito de corrupción que tiene una pena de tres a ocho años de cárcel.
El abogado de la compañía asiática Fernando Cortés negó que hubiera favoritismos y anunció un proceso judicial contra Valverde. El vicepresidente de CAMC, Shen Wei, también rechazó que hubiera preferencias, más cuando el contrato de construcción del tramo Montero-Bulo Bulo fue rescindido.
El gerente indicó que a la fecha está pendiente un fallo del Tribunal Constitucional sobre un amparo presentado contra el Estado; dijo, además, que busca apoyo de su embajada, pues la empresa es del Gobierno chino.
Claros enfatizó que por el tratamiento que se le dio a esta firma en el contrato del tramo Montero-Bulo Bulo no existe favoritismo y que la denuncia de “tráfico de influencias” tiene una implicancia política. “La oposición está manipulando este tema para generar un ambiente adverso al referéndum”, señaló el funcionario.
El tramo férreo
Licitación
CAMC se adjudicó la construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo el 2 de octubre de 2013.
Retraso
A poco de la entrega solo había avanzado 17% y se decidió rescindir contrato.
La oposición pide indagar a Zapata y a firma CAMC
La diputada Norma Piérola, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), informó que solicitó al Ministerio de Transparencia iniciar una investigación a Gabriela Zapata (29), expareja del presidente Evo Morales, por “enriquecimiento ilícito de terceros con afectación al Estado”.
Según la parlamentaria, existen los indicios para esa indagación porque se desconoce la procedencia de la fortuna de Zapata, quien es Gerente Comercial de la empresa China CAMC Engineering Co. Ltd., con la que el Estado tiene siete contratos de obras por un valor de $us 566 millones.
El periodista Carlos Valverde denunció tráfico de influencias por la vinculación entre el Mandatario y la joven empresaria.
La Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz tipifica como delito el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y lo sanciona con una pena privativa de tres a ocho años. Este ilícito se da cuando una persona natural incrementa desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y afecta el patrimonio del Estado.
Adicionalmente, la parlamentaria formuló una petición de informe oral para conocer cómo CAMC se adjudicó las obras.
