La Justicia Civil estableció hoy un resarcimiento total de Bs 1,1 millones a favor de 70 víctimas del caso Octubre 2003. Cinco exjefes militares y un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada fueron demandados en un juicio civil luego de que en 2011 fueran condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión por genocidio.
“Se determina que la suma líquida exigible a la dictación de la presente resolución es de: 1,139.986.12 bolivianos. La cual tiene carácter solidario y mancomunado, a favor de los demandantes beneficiarios con costas a ser calculadas en ejecución del fallo”, señala parte de la resolución aprobada por el juzgado de Sentencia No 1 en lo Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Chuquisaca.
El exministro Erick Reyes Villa, los exgenerales Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Veliz Herrera y José Oswaldo Quiroga Mendoza, y el exalmirante Luis Alberto Aranda Granados fueron conminados a cumplir con el pago en un tiempo de tres días, a partir de ser ejecutoriada la resolución. El proceso también incluyó al exministro Adalberto Kuajara, aunque éste falleció en 2012.
“Se advierte a las personas cuya demanda fue declarada improbada, que pueden acudir a la vía ordinaria civil a los fines de demostrar su derecho a resarcimiento”, menciona el documento respecto a 44 personas que no lograron comprobar su estatus de víctimas y no fueron beneficiadas con el resarcimiento.
La exautoridad y los exjefes militares fueron enjuiciados por la muerte de al menos 60 personas en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, durante la revuelta social que acabó con la renuncia de Sánchez de Lozada y su huida hacia Estados Unidos, donde radica actualmente. En 2011 recibieron penas entre 10 y 15 años de prisión, en cambio Reyes Villa fue condenado a tres años de cárcel.
La demanda de resarcimiento civil fue interpuesta en 2013 por 127 víctimas de Octubre. A través de sus representantes legales, las víctimas exigieron por cada fallecido al menos Bs 1 millón, por los heridos con lesiones gravísimas Bs 400.000, por lesiones graves Bs 200.000 y por lesiones leves Bs 100.000 que debían ser cobrados a los cinco exmilitares, a los exministros sentenciados y a los declarados en rebeldía, entre ellos, Sánchez de Lozada.
En el proceso también estaban demandados otros declarados en rebeldía como los exministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Jorge Torres, Mirtha Quevedo y otros que salieron del país alegando persecución política.
