El Departamento de Estado de Estados Unidos remitió a la Justicia norteamericana el pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por los hechos de octubre de 2003, informó ayer el fiscal de recursos, José Manuel Gutiérrez.
El representante del Ministerio Público consideró que con esta aceptación el proceso para que la exautoridad rinda cuentas ante la Justicia boliviana tiene un avance del 50%.
“La embajada boliviana en Estados Unidos comunicó que se sorteó el primer filtro del Departamento de Estado y que fue remitido al Departamento de Justicia, que es el filtro judicial; eso nos da a entender que ya se avanzó en un porcentaje de cerca de un 50% para el trámite de admisión”, expresó Gutiérrez.
Memorial. Según la información del Ministerio Público de Bolivia, el caso fue resuelto días antes del Carnaval en esferas diplomáticas de Estados Unidos, a partir de un último memorial que presentó documentación complementaria sobre los involucrados y los hechos suscitados en el país durante octubre de 2003.
El fiscal Gutiérrez aclaró que este tipo de solicitudes, en el marco de tratados que tienen firmados ambos países, no tiene un plazo establecido y que su avance está en función a la legislación de cada una de las naciones.
A partir de esa primera aceptación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos jurídicos con base en el tratado de extradición vigente entre los dos países. Luego deberá remitir el caso a una de las cortes de distrito.
Gutiérrez explicó además que el juez del proceso debe convocar al Estado boliviano y a tres representantes de las víctimas a una audiencia en la cual los acusados deben responder a la solicitud de extradición. Agregó que el Tribunal Supremo de Justicia ya tiene conocimiento de este paso.
En octubre de 2015, Sánchez de Lozada se sentó solo una vez en el banquillo de los acusados, ante la Justicia estadounidense, en un juicio civil por la crisis que causó su renuncia, un proceso paralelo al que radica en Bolivia.
En septiembre y octubre de 2003, Bolivia vivió una rebelión popular. El Alto y La Paz fueron los escenarios de la denominada “guerra del gas”, que tuvo un saldo de al menos 64 muertos y 400 heridos. La población exigía la dimisión de Gonzalo Sánchez de Lozada por pretender vender gas natural a través de puertos chilenos.
El exministro Sánchez Berzaín, en una entrevista con el programa No mentirás de PAT, puso en duda que se haya admitido el proceso. “Se trata de acciones desesperadas para posicionar esta noticia. Me persiguen acusándome de hechos que Evo Morales no quiere esclarecer”, respondió.
El abogado de las víctimas ve un ‘largo camino’ y toma la decisión con ‘cautela’
Dennis Luizaga – La Paz
Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre de 2003, consideró que el traslado que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos al Departamento de Justicia del pedido de extradición a Bolivia de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín es un paso importante.
Sin embargo, afirmó que se asume éste con cautela y ve un camino largo para lograr el retorno de las exautoridades.
“Es un paso importante, sí, porque es un avance, pero de ninguna manera podemos decir que esa solicitud ha recorrido más del 50%, se ha iniciado más bien”, afirmó el jurista.
Mayta explicó que el pedido de extradición, que ahora radica en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cumplió con los requisitos formales que se establecen en el tratado de extradición entre Bolivia y el país norteamericano.
A partir de ello, señaló que comenzará un tratamiento interno en el que se convocará a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para que asuman su defensa, a la par que también se citará a los representantes de las víctimas.
Indicó que la decisión final de la extradición volverá a esferas políticas. “Podríamos vencer todos los recursos, pero la última decisión la tiene el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos”, arguyó.
