El presidente Evo Morales pedirá a la representación diplomática de Estados Unidos en Bolivia respetar temas internos y anunció ayer que se evaluará la situación del encargado de Negocios, Peter Brenann, después del referéndum.
“Yo no he pensado expulsar (a Brenann), pero vamos a evaluar su situación, vamos a convocar nuevamente a que respeten temas internos. Si es diplomático, si es Encargado de Negocios, que se haga cargo, vamos a evaluar después de que pase el referéndum”, afirmó ayer el Mandatario en una entrevista con el programa El abogado del diablo de Unitel.
El anterior lunes, el Jefe del Estado advirtió con la expulsión del Encargado de Negocios de EEUU y dijo que esta decisión está en evaluación. Morales acusó al diplomático de propiciar una conspiración contra el Gobierno, que se enmarca en una campaña mediática que calificó como “guerra sucia”.
El Presidente afirmó que Bolivia quiere retomar relaciones diplomáticas con EEUU. “Qué mejor que reponer embajadores”, indicó. Sin embargo, calificó como una “provocación” y una conspiración algunas actividades que realizó Brennan en el país.
Recordó que Brenann participó en un acto en El Alto donde se instaló un atril con el escudo de Estados Unidos.
En 2008, el Mandatario decidió expulsar al entonces embajador de Washington en La Paz, Philip Goldberg, y a la agencia antidrogas estadounidense (DEA). En 2013 tomó similar decisión con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El Gobierno vincula la participación de la legación estadounidense con las denuncias que hizo el periodista Carlos Valverde de un supuesto tráfico de influencias a través de la expareja del Presidente, Gabriela Zapata, quien es gerente comercial en la empresa china CAMC.
Indagación. Ante las denuncias, Morales señaló que está presto a cualquier investigación. “No tengo ningún miedo de que me investiguen, siempre he estado abierto a las investigaciones”, expresó y agregó que nadie puede utilizar su nombre para beneficiarse.
Sobre Zapata, el gobernante reiteró su sugerencia de que la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) indague su patrimonio frente a denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito. “Si fuera una funcionaria del Gobierno, del Estado, a la cárcel. No es funcionaria (estatal), es funcionaria de una empresa privada”, afirmó al ser consultado sobre este caso.
