La exdirigente de las esposas de policías Guadalupe Cárdenas fue remitida al Centro de Orientación Femenina acusada de los delitos de sedición e instigación pública a delinquir, luego de que el Gobierno denunció un video que ella publicó en las redes sociales.
La decisión fue asumida por el juez 7° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Iván Córdova, quien en la audiencia de medidas cautelares analizó el requerimiento de la Fiscalía, que solicitó la detención preventiva de Cárdenas.
La denuncia la interpuso el Ministerio de Gobierno, explicó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. Esta audiencia debió resolverse en enero. Cárdenas fue procesada por un video que compartió en las redes sociales y que se difundió antes del referéndum del 21 de febrero. En ese material, la dirigente lanzó varios adjetivos en contra del presidente
Evo Morales, además lo acusó de delitos como narcotráfico, trata y tráfico, corrupción, asesinato, entre otros. También hizo un llamado a los policías de bajo rango a denunciar actos ilícitos en la institución del orden y actuar en contra de las decisiones del Gobierno.
Reacción. El fiscal del caso, Daniel Ayala, indicó que la posible autoría del hecho fue el fundamento que pesó para que el juez determine su detención preventiva. “Se ha manifestado en abierta hostilidad, se alza contra la primera autoridad del país, contra el Ministro de Gobierno en medios de comunicación como las redes sociales”, afirmó el fiscal.
“Voy a seguir en mi lucha hasta las últimas consecuencias, no soy corrupta y voy a seguir hablando las verdades. No me voy a callar en absoluto porque soy una mujer digna, no tengo cola de paja y voy a entrar con orgullo a la cárcel”, respondió airadamente al respecto Guadalupe Cárdenas al abandonar la sala del juzgado.
El abogado de la detenida, Jaime Rivera, señaló que este caso es particular porque no existen antecedentes sobre un proceso abierto por delitos de sedición (artículo 123 del Código Penal) e instigación pública a delinquir (artículo 130), por lo cual apelarán la resolución del juez. “En realidad, son delitos imaginarios”, indicó el jurista.
Luego de conocerse los resultados del referéndum constitucional, organizaciones sociales afines al Gobierno propusieron el control al uso de las redes sociales y preparan un anteproyecto de ley. Argumentan que en estos espacios se cometen delitos y se daña la imagen de las autoridades.
