El Defensor del Pueblo deploró ayer el “machismo” y “escarnio” que la sociedad y las autoridades emplearon para referirse al caso que involucra a la exejecutiva de la firma china CAMC Gabriela Zapata acusada por tráfico indebido de influencias. El caso afecta, además, a un menor que sería el hijo del presidente Evo Morales.
“Deploramos que este caso refleje una vez más conductas que son recurrentes y cotidianas en una sociedad machista, adultista y patriarcal donde la desprotección, el abandono y la instrumentalización de las niñas, niños y adolescentes se han naturalizado de tal manera que no generan ninguna reacción de indignación”, lamentó la entidad a través de una nota institucional.
Condenó, asimismo, de manera enfática las acciones y declaraciones de políticos, autoridades y algunos ciudadanos que “hacen escarnio de la acusada en este caso, mostrando una actitud abiertamente patriarcal, misógina y violenta contra una mujer por el hecho de serlo”. En criterio del Defensor, hay una evidente vulneración de la Ley 348, que protege a las mujeres de toda forma de violencia, al “condenarla” sin haberse instalado el proceso de fondo.
El diputado de la opositora Unidad Demócrata Wilson Santa María lamentó el “manoseo” que —según él— se ha desatado en contra del menor y la madre. Un criterio que cuestionó su colega Franklin Flores, del MAS, quien aseguró que “la derecha opositora está acostumbrada a vulnerar todo tipo de leyes”.
Zapata fue aprehendida el viernes y conducida ante un juez que determinó su reclusión preventiva. El defensor Rolando Villena advirtió de “procedimientos impropios” y “fuera de norma” en su detención. Por ello, exigió respeto a los derechos constitucionales de todos los involucrados en el caso sobre tráfico de influencias.
Piden sanción para quienes vulneraron ley del menor
El oficialismo demandó a la Justicia sanciones contra la vulneración de los derechos constitucionales del supuesto hijo de Gabriela Zapata con el presidente Evo Morales. Legisladores advirtieron con sanciones si la Justicia omite el tratamiento de la temática.
“Convocamos al Órgano Judicial pronunciarse si tienen que tomar medidas al respecto. Hay muchas vulneraciones de derechos con respecto a este tema y tienen que tomar medidas de hecho. Si no lo hacen, también incumplen sus deberes y pueden ser sancionados también ellos”, señaló ayer a La Razón el diputado Franklin Flores del MAS.
Las declaraciones surgen luego de que el Defensor del Pueblo y activistas que promueven los derechos infantiles evidenciaron la vulneración de derechos infantiles como el de la privacidad de la identidad. El diputado Wilson Santamaría, de la opositora Unidad Demócrata (UD), precisó que “la ley es para todos” y cuestionó la advertencia del oficialismo. “Es una acción de amedrentamiento contra el Órgano Judicial”, advirtió. Flores no descartó que la Asamblea Legislativa convoque a las autoridades judiciales pertinentes para que presten un informe sobre su labor de seguimiento en este complejo caso.
Identificarán a declarantes con documentos
La comisión mixta del Legislativo, encargada de fiscalizar los contratos suscritos entre el Estado y la firma china CAMC, recopila la información de cinco carteras del Estado. Con base en la documentación colectada identificará a las personas que considere pertinentes para que presten su declaración informativa.
“Terminada la etapa documental podremos informar qué personas serían convocadas. En este momento no podemos decir a quién vamos a convocar porque no hemos revisado un solo documento”, declaró ayer la diputada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero, quien preside la comisión.
Los ministerios de Hidrocarburos, Minería, Planificación, Producción y Economía Plural, y Obras Públicas deben entregar los informes solicitados hasta hoy a las 20.00 y mañana al mediodía, según el plazo de su notificación.
Rivero no descartó convocar a personas “particulares” si se detectan “problemas”. En esa línea, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, demandó a Carlos Valverde, periodista que denunció el supuesto tráfico de influencias, entregar las pruebas del caso.
