“Tengo miedo, me han llamado, me han dicho que a mi hijito le iba a pasar algo, que no lo iba a ver más…”. La joven que denunció que fue violada dentro de un patrullero del 110 en Cochabamba, abandonó su domicilio y trabajo, y se refugió en una casa de acogida tras la liberación del policía Óscar G. L.
“Él sabe dónde encontrarme (…), sabe dónde estudio (…)”, dijo la joven a la red televisiva ATB. No tiene padres ni familiares y teme por la seguridad de su pequeño.
El 2 de marzo, el juez 2º de Instrucción Penal Cautelar de Quillacollo, Óscar Flores Zeballos, autorizó la cesación de la detención preventiva del sujeto, tras valorar los “méritos” acumulados en su carrera (condecoraciones y otros).
La Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura abrió una investigación sobre esa decisión al día siguiente.
El abogado de la víctima, Óscar Muñoz, fue más explícito y denunció que la esposa del cabo Óscar G. L., la sargento Ana María R., de quien dijo que trabaja en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en Quillacollo “estaría amenazándola de muerte”.
El infante, testigo de la violación, sigue asustado, según su madre. “Está agresivo, no quiere que nadie se acerque a mí… grita”
El 3, Róger R., su camarada y cómplice, solicitó la cesación de la detención domiciliaria, pero la audiencia fue suspendida.
El 3 de noviembre de 2015, Óscar G. L. y el policía Róger R. interceptaron a la mujer de 24 años en El Paso, cuando ella retornaba a su casa con su hijo de dos años.
Le pidieron su carnet y como no lo traía consigo, le dijeron que estaba arrestada y la obligaron a subir a la patrulla policial con el niño, donde el cabo G. L. la violó.
Dos días después del vejamen la joven—a quien amenazaron con hacer desaparecer a su hijo si denunciaba lo sucedido— rompió el silencio. El agresor fue imputado y detenido preventivamente.
