La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, informó que Cristina Choque, exfuncionaria del Ministerio de la Presidencia e implicada en el caso Zapata, en un año aumentó su patrimonio en 443%, por lo que pidió que también se la investigue por falsedad.
Ayer, la autoridad explicó que tras un análisis “técnico minucioso” de las declaraciones juradas de Choque ante la Contraloría, se detectaron “inconsistencias” en la información consignada, por lo que se solicitó al Ministerio Público que amplíe la investigación por “el presunto delito de falsedad” en la presentación de su información referida a bienes y rentas personales.
“En 2014, la declaración de Choque señala que tiene un patrimonio neto de Bs 325.000, pero en 2015 aparece con un patrimonio de Bs 1.765.000 (…), ahí advertimos que aparece consignado un depósito de Bs 750.000 en el Banco Unión y el dato de un vehículo Nissan de Bs 700.000 (…). Se trata de un incremento de más del 400% en su patrimonio, de un año para otro, por lo que el Ministerio Público tiene que establecer si hubo o no la presunta comisión del delito de falsedad”, indicó.
Valdivia agregó que en virtud al proceso, la Fiscalía determinará si la exfuncionaria también incurrió en el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Hasta febrero, Choque fungía como directora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. Luego fue imputada por incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes públicos, y ahora guarda detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.
Según la indagación preliminar, la exfuncionaria facilitaba ambientes de ese despacho para que Gabriela Zapata, entonces gerente de la firma china CAMC y expareja de Evo Morales, gestione contratos entre empresarios y el Estado, haciéndose pasar por funcionaria del Gobierno. Ahora, el Ejecutivo busca sindicarla por otro delito.
Hace una semana, Choque relató a La Razón que vive una “situación injusta” porque en esa cartera solo se dedicaba a realizar labores de gestión social y que la única relación que tenía con Zapata era de compañera del partido en el Movimiento Al Socialismo (MAS), desde 2005, y que su amistad fue creciendo con los años. “A eso se limitaba mi relación; en mi posición, yo no podía tomar decisiones sobre contratos, yo hacía gestión social en educación y salud”, enfatizó la ahora procesada.
Al igual que Choque, Zapata también fue recluida en el mismo recinto acusada por los delitos penales de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencia en grado de complicidad.
Antes del proceso judicial, el 22 de febrero, el Ministerio de la Presidencia inició un sumario administrativo contra Choque por mal uso de bienes del Estado. “De ese proceso conocemos que en 104 oportunidades se ha verificado el ingreso de Zapata a dependencias de ese ministerio”, agregó Valdivia. La titular de Transparencia manifestó que ahora corresponde que la Fiscalía requiera los libros de registro de visitas para sustentar el proceso y determinar las responsabilidades.
Reuniones de campaña
Registro
Según declaraciones de Choque, que se registran en el cuaderno de investigaciones, militantes del MAS se reunían en sus oficinas para abordar también temas de la campaña del referéndum constitucional.
A la entidad llegaban cartas para Zapata
El proceso sumario administrativo iniciado contra Cristina Choque reveló que la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia incluso recibía correspondencia para Gabriela Zapata, como si ésta fuera funcionaria de esa repartición, informó en conferencia de prensa Lenny Valdivia, ministra de Transparencia.
“Funcionarios declararon que (…) llegaba correspondencia a nombre de Zapata, que no era registrada y en algún caso, incluso, se anularon hojas de ruta, para evitar dejar constancia de la llegada de esa documentación a su nombre”, explicó la autoridad.
Valdivia señaló que Choque permitió el uso de los ambientes de esa cartera, una de las principales irregularidades detectadas en el proceso, ya que una persona particular no debería tener ningún tipo de vinculación con una unidad estatal, a menos que tenga trámites pendientes; y según Valdivia, no los tenía.
Hace una semana, Choque denunció ilegalidades en el proceso que se le inició porque el sumario administrativo aún no había concluido. Al respecto, la titular de Transparencia señaló que la ley faculta que la procesada deba defenderse en ambas instancias, de manera paralela.
