El juez 4° de Instrucción en lo Cautelar, Erwin Jiménez, declaró en rebeldía al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por no acudir a una audiencia que debió realizarse ayer. La defensa interpuso una acción de libertad para frenar la medida.
Costas junto a Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación; José Luis Parada, asesor de ésta; Vladimir Peña, secretario de Gobierno, y otras seis personas enfrentan un proceso desde 2010, cuando la Contraloría General del Estado (CGE) los denunció por la aprobación de una ley departamental que autorizó la implementación del Estatuto Autonómico, que fue aprobado en referéndum el 4 de mayo de 2008.
El fiscal anticorrupción Oswaldo Tejerina confirmó la declaratoria en contra de la autoridad departamental por su ausencia en el acto procesal. “Puede quedar aprehendido en cualquier momento por la Policía, así lo establece la orden”, advirtió.
Implicados. El representante del Ministerio Público recordó que además del Gobernador hay otras nueve personas con mandamiento de aprehensión, debido a que no se presentaron a la audiencia de medidas cautelares que estaba prevista para ayer. “El recurso de excepción no es impedimento para la no realización de la audiencia, porque la misma sigue su curso”, explicó el fiscal.
El secretario Jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca, calificó el dictamen como una “canallada jurídica y abusiva”. Aseguró que la audiencia de medidas cautelares fue suspendida hace cuatro días hasta que se resolviera el recurso de excepción interpuesto que pide la nulidad del proceso. “Esto es una injusticia que solo busca amedrentar a Rubén Costas y dañar su imagen”.
El funcionario departamental exhibió un documento firmado por el juez Jiménez que dispone la suspensión de la audiencia señalada para el 18 de marzo a las 09.30, hasta que sea resuelta la excepción planteada por la defensa de uno de los imputados, quien solicitó la extensión del proceso porque había superado los seis años estipulados por la ley.
Desesperación. “Esto no es más que una muestra de la desesperación del Gobierno por desviar la atención de la opinión pública de los hechos de corrupción que enfrentan”, afirmó. Roca manifestó que el Gobernador está tranquilo y se encuentra cumpliendo una agenda de trabajo, y que el caso está en manos de los abogados. “Él no ha tenido problema alguno en presentarse ante las autoridades jurisdiccionales cuando así lo requieran, entonces mal pueden decir que está violando la norma”, agregó.
Según la argumentación jurídica de la Gobernación cruceña, el objetivo del memorial es restituirles los derechos de libertad a todas las personas sindicadas, dejando nula la orden de aprehensión que recae sobre ellas.
Luis Fernando Roca sostuvo que esta acción judicial será conocida por el juez competente hasta hoy. Afirmó que luego de conseguida la tutela, debería quedar nula la orden de aprehensión que fue “ilegalmente” dictada en el Juzgado 4° de Instrucción en lo Cautelar.
“Esperamos que en las próximas horas, de manera urgente, el juez pueda atender esta acción de libertad y dejar sin efecto el acta ilegal de la audiencia, suspensión de audiencia y resolución que declara rebeldía”. De acuerdo con la imputación, el gobernador Rubén Costas y los otros nueve implicados son acusados por la comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.
Proceso por el estatuto cruceño
Autonomía
La Contraloría inició un proceso contra Costas y otros funcionarios en 2010 por la promulgación del Estatuto Autonómico.
Delitos
Son acusados por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
