La comisión legislativa que investiga los contratos que el Estado firmó con la empresa china CAMC, por más de $us 500 millones, continúa el proceso de revisión de la documentación para establecer si hubo irregularidades en la adjudicación de proyectos. El diputado Manuel Canelas (MAS), miembro de esa entidad legislativa, afirmó que incluso está abierta la posibilidad de recibir más denuncias.
“La investigación está abierta hasta que termine la comisión y en esa medida, si surge un nuevo dato y si cualquier persona o colega de la oposición encuentra algún problema de los anteriores contratos no está cerrada la investigación”, explicó el legislador.
En febrero, el periodista Carlos Valverde desveló la relación que hubo entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, entonces gerente comercial de CAMC, con la que el Estado firmó siete contratos. Valverde denunció un presunto “tráfico de influencias”. El Gobierno pidió investigar estas supuestas irregularidades.
Desde entonces, la comisión revisó dos contratos firmados con la CAMC, el suscrito con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la compra de taladros y la adjudicación que hizo la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio, en Uyuni. En el segundo programa de televisión de La Razón que transmite Cadena A, Piedra, papel y tinta, la presidenta de la entidad, diputada Susana Rivero (MAS), explicó que en ambos casos, de forma preliminar, no se hallaron irregularidades.
La investigación legislativa debe determinar si se cumplieron o no las normas bolivianas respecto a las licitaciones, invitación directa o por excepción. La investigación incluye viajes a las regiones donde CAMC construyó obras o entregó equipos, empero, la anterior semana, tres legisladores de Unidad Demócrata (UD), decidieron ya no participar de esas inspecciones, bajo el argumento de que “la mayoría masista quiere convertir la comisión investigadora en una comisión de encubrimiento”.
La diputada opositora Norma Piérola (PDC) manifestó que los viajes no determinarán un tráfico de influencias y que el MAS “ya maneja informes preliminares” sin haber realizado las inspecciones. Esta semana se revisará el contrato de compra que hizo la Gobernación de La Paz de un camión perforador de pozos de agua que está parado desde 2014.
