El Legislativo inspeccionó ayer el camión perforador de pozos de agua que la Gobernación de La Paz compró a la firma china CAMC. Para el oficialismo no hay dolo en este proceso, pero identificó responsabilidades por la falta de uso de la maquinaria.
“Hay que iniciar procesos contra aquellas autoridades que teniendo este tipo de maquinarias no le den una funcionalidad. Hay un incumplimiento de deberes y una reponsabilidad enmarcada en la Ley 1178 (Ley Safco)”, indicó a La Razón el vicepresidente de Diputados, el oficialista Víctor Borda.
Los informes preliminares de marzo de este año, que la propia Gobernación redactó, enumeran una serie de irregularidades administrativas en el proceso de compra del vehículo adquirido en 2014 en la gestión del exgobernador y actual ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico. Pero además los reportes precisaban que la maquinaria estaba parada por la ausencia de funcionarios capacitados para operarla. Este extremo fue desmentido ayer por la comisión mixta del Legislativo tras recibir las declaraciones de Andrés Ramos, actual gerente de la Empresa Pública Departamental de Aguas La Paz (EDALP), que tiene en su poder el camión perforador. “El equipo funciona”, aseguró.
Deterioro. Para la diputada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola, la maquinaria “es un elefante blanco”. Esbozó, bajo esa premisa, una convocatoria al pleno camaral, a las autoridades regionales de La Paz, entre ellas Cocarico y el actual gobernador, Félix Patzi. “Este es un dinero dormido. Al parecer solo han hecho funcionar una sola vez y se está deteriorando”, lamentó Piérola, quien calificó de “irresponsables” y “malos administradores de la cosa pública” a las autoridades regionales.
Borda recordó que varias comunidades paceñas están afectadas por la sequía producto del fenómeno de El Niño, por lo que “es irracional tener parada esta movilidad”. A las pesquisas también concurrió Venancio Tazola, exgerente de EDALP, quien aseguró que la CAMC capacitó a ocho funcionarios de la Gobernación. El martes se conocerá el informe final sobre este caso.
Zapata, enviada a Miraflores
La Dirección General de Régimen Penitenciario dispuso ayer el traslado de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes al Centro Penitenciario de Miraflores. De acuerdo con un boletín emitido por esa entidad, Zapata fue llevada a otro recinto penitenciario “por razones de seguridad” y para garantizar la convivencia pacífica de las internas” del penal de la zona Sur.
El informe del Consejo Penitenciario del COF establece que las internas de ese recinto se quejaron porque “la señora Zapata (…) estaría causando malestar, intranquilidad y división dentro de la población”. Además que la expareja del Presidente informó que temía por su vida, tras recibir una serie de amenazas.
Familiares de Zapata calificaron de “sorpresiva” la decisión y su abogado, Wálter Zuleta, dijo que el traslado fue ilegal, “porque una resolución administrativa no puede anteponerse a una decisión judicial”. La mujer fue acusada por tres delitos y está detenida desde el 28 de febrero.
