La Iglesia Católica expresó hoy su preocupación por la actividad del narcotráfico, porque en su afán de expansión penetra estructuras estatales y fuerzas del orden. El ministerio de Gobierno, Carlos Romero, calificó de “temerarias” las afirmaciones y desafió a demostrarlas.
Romero respondió que no hay sustento en la posición de la jerarquía eclesiástica sobre esta problemática. “Saludo que Iglesia se preocupe, pero está mal informada; deben demostrar afirmación temeraria de penetración del narcotráfico” (sic), afirmó a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobierno.
La Carta Pastoral sobre Narcotráfico y Corrupción establece que “el narcotráfico en su estrategia de expansión e impunidad penetra incluso en estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando conciencias”, y que la corrupción minó “la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el presente como en el pasado”.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, fue el encargado de leer el documento, donde también se expresa preocupación por las causas y las consecuencias que provoca ser un país productor, de tránsito y consumidor de sustancias controladas, además de los efectos que puedan tener en la familia y en la sociedad.
“De manera respetuosa y humilde vamos a mandar comunicación a la Iglesia para mostrar que sus afirmaciones no corresponden a la realidad”, insistió Romero y aseguró que “tiene gruesos errores” la Carta Pastoral.
La Iglesia Católica exhortó a los administradores de justicia “cumplir su tarea con apego a las normas”, mientras que a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana recomendó “cumplir con el deber para el que han sido constituidas y resistir toda tentación de corrupción que hace vana y estéril la lucha en contra del narcotráfico”.
Además demandó a los distintos niveles del Gobierno a “lucha contra esos males” dando respuestas con la implementación de estrategias en el ámbito de la educación, salud, empleo y seguridad ciudadana, que impidan que las personas sean víctimas de la cadena del narcotráfico.
