Adolescentes en recintos de detención (440) no tienen acceso a un debido proceso, no conocen a sus abogados y desconocen el avance de sus juicios, según la conclusión de un trabajo de verificación realizado por la Defensoría del Pueblo. El 37% de los menores está detenido por robo y el 34% por delitos sexuales, según los datos estadísticos revelados.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó del trabajo realizado y explicó que alrededor del 70% de los menores son detenidos preventivos, es decir, sin sentencia condenatoria. La verificación de la situación de los detenidos fue hecha en 20 recintos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Sucre, Tarija, Trinidad, Santa Cruz, Cobija y Riberalta.
Fueren registrados 480 adolecentes, de los cuales 440 son varones y 40 mujeres. El 37% (176) está en Santa Cruz, el 21% en Cochabamba y el 11% en La Paz. El 29% tiene entre 13 y 15 años y el 71% entre 16 y 19 años. Hay 4 de 13 años y 26 de 14 años. El 37% de los detenidos es por robo, el 34% por delitos sexuales, mientras que en menor porcentaje están delitos contra la vida y la integridad y narcotráfico.
El Defensor recomendó al Ministerio de Justicia asumir su rol para facilitar información, mecanismos, herramientas y modelos para que las gobernaciones las apliquen, además de hacer seguimiento al establecimiento de presupuestos reales.
“Existe retardación de justicia, los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizar a los adolescentes acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible”, afirmó Villena en la presentación de las conclusiones.
Mencionó problemas como incumplimiento de plazos procesales, adolescentes que han estado por más de dos años con detención preventiva, además de que las y los internos estén entremezclados ante una falta de clasificación por tipología de delito o por edad. “Se han identificado adolescentes privados de libertad por delitos de robo que conviven con acusados de asesinato o violación; de igual forma los adolescentes con detención preventiva comparten ambientes y actividades con adolescentes ya sentenciados”, sostuvo.
Identificó la ausencia de una implementación real de programas con enfoque socioeducativo y restaurativo. “No se ha identificado ningún centro que trabaje procesos especializados de rehabilitación y/o reinserción, no existe especialización del personal para atender, por ejemplo, agresores sexuales o asesinos”, manifestó.
También comendó al Ejecutivo acompañar a los gobiernos departamentales en la construcción de proyectos referidos a adolescentes con responsabilidad penal y en el proceso de especialización de jueces y fiscales para que pueda hacerse una revisión del estado de situación de todos los menores de 18 años privados de libertad a fin de garantizar celeridad y la determinación de medidas acordes al modelo restaurativo.
El informe también llama la atención sobre privados de libertad acusados de delitos como “amenazas”, “asociación delictuosa” o “destrucción de bienes del Estado.
