La Comisión legislativa que investiga el tráfico de influencias entre el Gobierno y la china CAMC tiene la intención de que Gabriela Zapata se ‘autoincrimine’ o no acuda a declarar sobre el caso por el sentido de las preguntas que le remitieron para que responda, explicó el abogado Eduardo León. Añadió que no puede perderse esta oportunidad de conocer la verdad.
“Hemos observado que esto tiene una intencionalidad. Si hace una afirmación en sentido de que sí habría tenido algo que ver (en el hecho) se estaría autoincriminando de la comisión de hechos delictivos que jamás ha cometido. En caso de negativa, los legisladores ya señalaron que no habría necesidad de convocarla”, explicó en una entrevista con la emisora Panamericana
La Comisión envió una carta a Zapata para que informe si “gestionó y/o firmó» contratos entre el Gobierno y la china CAMC en dependencias del Ministerio de la Presidencia. De ser afirmativa la respuesta, le otorgó un plazo de cinco días para enviar las pruebas. La nota, que tiene fecha del 1 de abril, enumera siete contratos.
León explicó que la respuesta a enviarse es resultado de un análisis jurídica y consideró que se está perdiendo la oportunidad de conocer la verdad al tener a su defendida en la comisión responsable de investigar las denuncias de tráfico de influencias entre el Gobierno y la firma china, con contratos de más de $us 500 millones.
“Ésta es la oportunidad que no puede perder el país de conocer una verdad concreta, de tener a Gabriela Zapata sentada en la Comisión Especial Mixta (para sustentar las denuncias)”, sostuvo el jurista, quien anticipó que ésta es la ocasión para “demostrar que aquello no es simplemente una amenaza sino que tiene razón de ser material y objetiva”.
El periodista Carlos Valverde denunció el 3 de febrero tráfico de influencias entre el Gobierno y la firma china a partir de una relación sentimental entre el presidente Evo Morales y Zapata, quien hoy guarda detención en la cárcel de Miraflores acusada de usar bienes del Estado con fines particulares.
Fue denunciada una “relación política” con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la existencia de pruebas de tráfico de influencias, pablos blancos y cuentas bancarias.
La exfuncionaria de CAMC es imputada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias. A estos, se le sumó el de ejercicio ilegal de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado al presentarse como abogada. También está en cuestión la existencia de su hijo con Morales.
