La Comisión Mixta de Constitución tiene 29 días, a partir de mañana, para definir la nómina final de los aspirantes a Defensor o Defensora del Pueblo. Los postulantes deben vencer seis procedimientos para que sus nominaciones sean evaluadas por el pleno de la Asamblea Legislativa.
La convocatoria está sujeta al reglamento para selección y designación de la Defensora o Defensor del Pueblo que establece los procedimientos y plazos para este proceso. Esta normativa fue aprobada por el órgano deliberante el miércoles gracias a los dos tercios del oficialismo y en medio de susceptibilidades de la oposición.
Las postulaciones se abren mañana y cierran el 18 de abril a las 18.00. Posteriormente se abre el proceso de verificación de la documentación que validará una primera lista de habilitados, quienes serán sujetos a un periodo de impugnaciones entre el 25 y el 28 de abril. Tras la resolución de las objeciones, el 1 de mayo, Día del Trabajador, se publicarán los nombres de los aspirantes que se habiliten para la fase de evaluación de méritos y entrevistas personales que se desarrollará entre el 2 y el 6 de mayo.
Elegidos. Un día después, el 7, la comisión elaborará y aprobará el informe de evaluación que incluirá una nómina de la cual el Legislativo debe designar al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo en reemplazo de Rolando Villena, quien culmina su gestión en la primera quincena de mayo.
Los aspirantes al Ombudsman boliviano deberán cumplir 13 requisitos, entre ellos haber cumplido 30 años al momento de la designación, pero principalmente contar con trayectoria en la defensa de los derechos humanos y no tener vínculos o haber sido parte de algún gobierno de facto. Además, el reglamento prohíbe la postulación de los parientes del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y los senadores y diputados.
Otro requisito que fue destacado por la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, es la prohibición de terciar a las personas que en los últimos diez años hayan ocupado los cargos de ministros, viceministros, embajadores, secretarios de gobiernos regionales, oficiales mayores de los gobiernos municipales o cargos equivalentes. “No queremos un Defensor del MAS”, enfatizó Montaño el miércoles durante la aprobación del reglamento.
Divergencias. Las divergencias entre la oposición y el oficialismo en el Legislativo surgieron luego de que esa normativa validará una prohibición de militancia política de cinco años y no de diez como había planteado la bancada de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD). A esta divergencia se sumó la generada por la determinación de no exigir a los aspirantes la titulación académica profesional.
“La derecha quería que pongamos (en el reglamento) que no tenga filiación político-partidaria nunca en su vida, y sabemos que generalmente los defensores de los derechos humanos en los gobiernos dictatoriales particularmente han tenido una filiación izquierdista”, argumentó el vicepresidente de Diputados, Víctor Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La diputada por UD Eliane Capobianco advirtió ayer de un proceso amañado y anunció que su bancada alista un recurso legal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para dejar sin efecto el reglamento. “Consideramos que este reglamento vulnera la Constitución”, reclamó la opositora.
