Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, informó a la Comisión del Legislativo, que investiga denuncias de tráfico de influencias entre el Gobierno y la china CAMC, estar dispuesta a concurrir a una audiencia segura que su “aporte ha de orientar la investigación para el descubrimiento de la verdad”. La presidenta de la comisión, Susana Rivero, informó que la respuesta será analizada y anticipó que es importante escuchar su testimonio.
Dijo estar a disposición para acudir personalmente a la Asamblea Legislativa a fin de ayudar en las investigaciones, “teniendo, afirmó, plena seguridad que mi aporte ha de orientar la investigación para el descubrimiento de la verdad material de los hechos”.
«Es importante conocer lo que Gabriela Zapata tiene para informar», dijo Rivero. Más adelante acotó: «Gabriela Zapata no está en calidad de acusada, testigo ni sindicada; está es investigación de oficio».
La Comisión Multipartidaria formada para investigar las denuncias de tráfico de influencias envió el 1 de abril una carta a la hoy detenida en la cárcel de Miraflores para que informe si “gestionó y/o firmó” contratos entre el Gobierno y CAMC. De ser afirmativa la respuesta se le otorgó un plazo de cinco días para enviar las pruebas a la instancia legislativa.
“Es preciso señalar que la nota en cuestión de forma directa pretende hacerme incurrir en error y buscar autoincriminación sobre hechos que no pueden ser balanceados dentro de una solicitud de información que incorpora en su esquema de preguntas cerradas cuyas características ponen en vilo la concurrencia de limitaciones a mis derechos y garantías constitucionales”, respondió Zapata.
La carta tiene fecha del 7 de abril y fue remitida a la presidencia de la Comisión, la diputada Susana Rivero.
El periodista Carlos Valverde denunció el 3 de febrero tráfico de influencia a partir de la relación sentimental entre Morales y Zapata, quien fue funcionara de la firma china con contratos superiores a los $us 500 millones. La investigación del caso no solo está en el Legislativo, sino en la Contraloría y en el Ministerio Público.
Zapata guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad para mujeres en el barrio de Miraflores de La Paz desde el 24 de marzo, luego de ser trasladada del Centro de Orientación Femenina (COF) al que ingresó el 28 de febrero por decisión judicial. La Fiscalía la imputó por al menos seis delitos, entre ellos, enriquecimiento ilícito.
Pidió ser citada para una testificación oral y respaldar sus afirmaciones con documentación.
“La simple aseveración negativa o afirmativa que se pretende resulta ser limitativa e impertinente a objeto de establecer la verdad material de los hechos que investigan, misma que busco deba tener un respaldo de declaración testifical oral que en suma sea respaldada por un conjunto de elementos probatorios”, afirmó.
Debía responder si firmó o gestionó la firma de los contratos sobre provisión de bienes nuevos y salidos de fábrica destinados a las redes de gas de YPFB; provisión de equipos de perforación; construcción, montaje y puesta en marcha de la planta industrial de sales de potasio; equipo para dotación de agua potable en La Paz; proyecto de construcción de la presa, obras anexas y complementarias del proyecto Misicuni; proyecto de construcción y puesta en marcha el ingenio de San Buenaventura, y la construcción del primer tramo de la vía férrea Montero-Bulo Bulo.
