De 23.254 bienes custodiados por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), solo 1.590 (6,83%) fueron inventariados hasta 2015. Actualmente, 103 exempleados son procesados por defectos en la tutela de bienes.
La responsable de Dircabi, Mirtha Jiménez, explicó que el principal motivo que impidió el avance en el saneamiento fue la mala administración de las gestiones pasadas, que dejaron —sostuvo— que se mantengan las irregularidades en la documentación.
En 2012 comenzó el trabajo para inventariar los bienes y hasta el momento se registró un avance del 20% en inmuebles y 80% en el caso de los vehículos, con la valoración monetaria respectiva para un remate público.
“La tarea no es tan sencilla, tenemos que buscar (los inmuebles) en la zona y hacer un rastrillaje de campo. Siempre alguien puede saber que hubo un bien incautado en la zona o lugar y hemos tenido la suerte de encontrar muchos de estos casos”, explicó.
Hasta marzo, el registro de los bienes administrados por la Dircabi llegó a 184 armas, 6.250 equipos electrónicos, 1.309 inmuebles, 5.050 medios de transporte, 22 semovientes o ganado, 4.433 sustancias controladas, 4.896 tarjetas bancarias y cheques y 1.110 artículos varios.
Entre enero y diciembre de 2015, los bienes inventariados alcanzaron a 1.590, de los cuales 298 son sustancias controladas, 916 vehículos, 300 inmuebles y 76 aeronaves. En el mismo periodo fueron monetizados bienes por un valor de $us 673.342. Al Estado fueron transferidos $us 342.251. Los bienes incautados se encuentran en las direcciones departamentales, mientras que las joyas y dinero son depositados en el Banco Central de Bolivia (BCB).
“Es una tarea lenta y complicada (el inventariado) porque no contamos con los recursos necesarios para hacerlo. Vamos al juzgado, no sabemos dónde está por su situación judicial; puede ser que ya esté confiscado y ahí sí podemos transferir al Estado y si está incautado, podemos custodiarlo o administrarlo”, afirmó Jiménez.
La Dircabi sigue procesos judiciales en contra de 103 exfuncionarios de gestiones pasadas por los delitos de uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes, entre otros.
