El presidente boliviano, Evo Morales, encontró este jueves incoherente la creación, por parte de Chile, de una agencia estatal para la defensa de la soberanía territorial chilena, más aún cuando se trata de superficies o espacios marítimos que antes de 1879 pertenecieron a otros países.
«Cómo puede crear (La Moneda) una agencia para defender la soberanía de territorios robados, no sólo a Bolivia sino también países vecinos», afirmó el mandatario en declaraciones a la ABI, mientras el avión presidencial boliviano repostaba en Islas Canarias, territorio extracontinental de España, de camino al Vaticano, donde se entrevistará con el papa Francisco.
Las declaraciones de Morales se inscriben en el contexto del anuncio de La Paz de abrir un nuevo juicio a Santiago en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el uso secular de las aguas manantiales del Silala que, nacidas en territorio sudoeste de Bolivia, abastecen, desde 1908 y sin contraprestación alguna, por un sistema artificial de acueductos a varias poblaciones del fronterizo norte chileno y, principalmente, la mina cuprífera de Chuquicamata, la más grande del planeta a tajo abierto y sustento del 45% del erario nacional chileno.
Morales, que este jueves participará en el III Encuentro Mundial de Movimientos Sociales, en el Vaticano, sugirió a Chile –cuyo canciller, Heraldo Muñoz, viene de anunciar la creación de la chilena Agencia de la Soberanía, para responder y plantear demandas internacionales, tales como la de los ojos de agua del Silala o de la reivindicación marítima de la mediterránea Bolivia, por una salida soberana al mar Pacífico, radicada en 2013 en los estrados de la CIJ – la fundación de agencias estatales, del mismo corte de la anticipada, para la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos «del pueblo chileno» y de los pueblos de los países vecinos.
«Que cree una agencia para el desminado de la frontera» con Bolivia, Perú y Argentina, instó el mandatario boliviano en suerte de respuesta al anuncio formulado la víspera por Muñoz en Santiago.
Durante los años «70, 80 y parte de los «90, Chile erizó sus fronteras con minas antipersonal y antitanques.
Signatario del Convenio de Otawa, de 2000, Santiago se ha comprometido a desminar la frontera con sus vecinos, sin cumplirlo plenamente hasta hoy mismo.
La explosión de estos artefactos se ha cobrado la vida de decenas de campesinos de uno y otro bando y un número inestimado de ganado auquénido en la frontera común de 890 km longitudinales que ambos países comparten en los Andes.
El jefe de Estado boliviano sugirió también la formulación de una agencia estatal para «la defensa de los derechos humanos del pueblo chileno», como así «para la reposición del caudal del Río Lauca», cuyo curso internacional comparten Bolivia, Chile y Perú, por el tributario Río Mauri.
Durante 1962, Chile desvió unilateralmente el curso de Río Lauca, para irrigar una de sus regiones norteñas emplazadas en el Desierto de Atacama, con fuerte impacto en el lado boliviano, sumido ahora en un proceso de desertización.
Esta política detonó las relaciones diplomáticas de ambos países que mantienen vínculos sólo a nivel consular y que desde la radicación del juicio para que Chile se avenga a una negociación de buena fe y con efectos vinculantes para reponer la cualidad marítima de Bolivia, amputada en 1879 tras la invasión militar chilena al entonces puerto boliviano de Antofagasta, ha escalado la virulencia.
Convencido de que posturas guerristas han caído en el anacronismo histórico, Morales llamó a Chile a instrumentar, más bien, políticas de «complementariedad y no de competencia» entre vecinos.
«Somos pueblos hermanos», dijo al asegurar que «estamos en tiempos de paz y de integración».
