Ante el caso consorcio de jueces y juristas que indaga la Fiscalía, el presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) en La Paz, Orlando Rojas, expresó su preocupación por éste y otros juicios iguales. Dijo que sus afiliados están dispuestos a renunciar y que no se aferran al cargo.
Rojas se refirió a este tema en el marco de las destituciones que hizo el martes el Consejo de la Magistratura. El citado día se despidió a cuatro jueces y un vocal involucrados en delitos de consorcio, que son agrupaciones de magistrados y juristas que tranzan fallos, en La Paz y Cochabamba. También se agradeció los servicios de una jueza de Santa Cruz, que estaba involucrada en otra irregularidad.
Entre los destituidos están: Fernando Ganam, vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, y Lía Cardozo, jueza de Instrucción Penal Cautelar, ambos vinculados en el caso de consorcio de jueces y abogados, además fiscales, dentro del proceso “Castelú contra Cotel” (Cooperativa de Teléfonos La Paz).
Posición. “Se debe respetar los derechos constitucionales porque, de lo contrario, estaríamos viviendo en tiempos de la inquisición. Existe una preocupación de la Asociación de Magistrados por las connotaciones que trajo el proceso Ganam con implicaciones de un abogado. Ahora, en caso de que el Gobierno considere que nosotros somos un perjuicio para la sociedad, estamos dispuestos a renunciar, no nos aferramos al cargo”, advirtió Rojas a La Razón.
Aseguró que la Amabol y todos sus miembros están dispuestos a colaborar con las investigaciones que se llevan adelante sobre los ilícitos en los que, aparentemente, están implicados algunos de sus afiliados, todo con el fin de esclarecer los hechos. Aclaró que esta acción no significa que aceptan que todos los jueces y vocales estén implicados en algún tipo de consorcio. “Si consideran que no es necesaria nuestra presencia en el Órgano Judicial, no tenemos ninguna intención de permanecer como jueces y vocales”.
Rojas exhortó a las autoridades encargadas de desarrollar las investigaciones por el caso consorcio, establecer que todo abogado o juez que sea investigado deba seguir un proceso justo en el que sean escuchados. Además demandó al Consejo de la Magistratura que lleve adelante las causas correspondientes, pero con respeto a todas las garantías constitucionales. Advirtió que si se destituye a un operador sin respetar los derechos citados, implicaría la nulidad de esos actos y, en consecuencia, serán los magistrados quienes se hagan responsables de estas acciones ilegales.
No hay reportes de salida de Mendoza
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, descartó que haya salido del país el abogado Milton Mendoza, prófugo de la justicia e implicado en el caso de presunto arreglo de un fallo con Fernando Ganam, ahora exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
El 29 de marzo, Mendoza fue descubierto en su despacho junto al entonces vocal Ganam. En poder de la autoridad judicial estaba el expediente del caso “Castelú contra Cotel”. Mendoza era abogado de Cotel.
“No hay ningún reporte de la Dirección de Migración acerca de la salida de esta persona hacia el extranjero, más bien hay informes sobre pistas significativas”, señaló. Romero aseguró que sobre el paradero de Mendoza se tiene una investigación avanzada que se puede consolidar con un buen resultado en las siguientes horas. Añadió que se activó la alerta en diferentes puntos fronterizos.
Fiscalía aprehende a 2 funcionarias
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó ayer que dos funcionarias de los estrados judiciales fueron aprehendidas por tener vínculos con el caso Fernando Ganam, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) acusado de negociar un fallo.
Blanco se limitó a informar que las aprehendidas son la abogada secretaria del Juzgado 2º de Instrucción en lo Penal Cautelar y la auxiliar de Sala Superior del TDJ de La Paz. No precisó los nombres por el derecho a la presunción de inocencia.
“La comisión de fiscales del caso consorcio de jueces y abogados trabaja de forma ardua y logró determinar la probable participación de dos personas. A la fecha están en calidad de aprehendidas porque existen indicios suficientes que determinan con probabilidad una participación, por lo que se procedió con la medida extrema”.
Los representantes del Ministerio Público identificaron contradicciones en las declaraciones que sostuvieron ambas funcionarias judiciales, por lo que se presume un grado de participación y vínculos directos con el consorcio.
Blanco no descartó solicitar, en la audiencia cautelar, la detención preventiva de ambas féminas.
En este caso, que empezó hace dos semanas, ya existen cuatro encarcelados: el exvocal Ganam, la exjueza Lía Cardozo, el fiscal Carlos Hugo Rivero y el abogado Vladimir Flores, que trabajaba con el jurista Milton Mendoza, quien es prófugo de la justicia. Blanco reveló que en el caso del abogado Flores, éste tenía en su poder varios expedientes de diferentes procesos judiciales en su escritorio personal, hecho que es considerado un delito.
