El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, informó este viernes que a partir de las 17.00, la Comisión Mixta de Fiscalización de los Contratos entre el Estado y CAMC entrevistará a la exgerente comercial de esa empresa, Gabriela Zapata, en el penal de Miraflores, quien deberá responder 24 preguntas, dos por cada legislador que integra la comisión.
«Estamos yendo a un centro de máxima seguridad, a las 5 de la tarde, somos alrededor de 12 diputados, 12 diputados con derecho a dos preguntas, 24 preguntas a una sola persona», dijo. Borda aclaró que la determinación de efectuar dos preguntas por cada legislador busca «garantizar que (Zapata) no tenga una coacción o presión psicológica» al momento de emitir sus respuestas.
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, expresó su desacuerdo en limitar el número de preguntas, pues cada asambleísta debería efectuar las consultas que considere pertinente.
«Rechazamos absolutamente cualquier límite a las preguntas, a un senador, a un diputado nadie le puede decir cuántas preguntas va a hacer, ni qué pregunta va hacer, no puede haber ninguna limitante, cada senador o diputado debe tener pena libertad para hacer las preguntas que considere pertinente», sostuvo.
El senador del MAS, Rubén Medinaceli, aclaró que la entrevista es una sesión pública y afirmó que incluso los medios de comunicación pueden estar presentes previo a un trámite para ingresar al penal.
«Todo el que quiera ingresar, en este caso a la cárcel de Miraflores, debe hacer el trámite correspondiente, será bueno que la prensa que esté interesada en este tema lo haga. Si un medio de prensa está autorizado para entrar, lo va a hacer, cada medio puede hacer el trámite por su lado», subrayó.
A principios de febrero, el periodista y exagente de inteligencia, Carlos Valverde, denunció un supuesto tráfico de influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que fue nombrada gerente comercial de la empresa CAMC, compañía que firmó contratos millonarios con el Estado.
A contramano, el Jefe de Estado negó la acusación y pidió una investigación de la Contraloría General del Estado y de una comisión mixta y multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
