El Ministerio Público amplió la investigación en contra de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, de siete a ocho delitos. La joven es acusada ahora por “contribuciones y ganancias ilegítimas” por las reuniones que supuestamente sostuvo en dependencias del Ministerio de la Presidencia.
“Simulando una supuesta representación, habría ingresado a dependencias de Gestión Social a realizar algunas reuniones, bajo este contexto se ha puesto en conocimiento de la autoridad”, indicó ayer el fiscal Daniel Ayala, quien ayer entrevistó a la imputada en el penal de Miraflores por este delito.
Imputación. Para el abogado de Zapata, Eduardo León, la nueva imputación no tiene ningún sustento, por ello su defendida se acogió al derecho al silencio, un extremo que confirmó el fiscal Ayala. León además precisó que la expareja de Morales reiteró su pedido de convocar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en calidad de sindicado “porque él sabe bien a qué entraba” a Gestión Social.
Ayala explicó que la nueva imputación se sustenta en las declaraciones del “personal de seguridad”, aunque no entregó más detalles de las citas. La Fiscalía acusa a Zapata, —investigada por tráfico de influencias en la firma de contratos estatales con la china CAMC— de legitimación de ganancias ilícitas y otros seis delitos.
